En la última semana, miembros del Gobierno con el Presidente a la cabeza, han realizado declaraciones sobre los avances económicos y sociales de la actual legislatura. Es la repetición del complaciente "España va bien" al que el anterior Gobierno nos tenía tan acostumbrados. En mi modesta opinión, esta complacencia es lógica entre los conservadores, pero un Gobierno de izquierdas debería ser más crítico y más pegado a la realidad. Y la realidad, tal como yo la veo, dista de ser tan satisfactoria como se nos quiere hacer creer. Si nos atenemos a las promesas electorales, y al análisis realizado por los partidos que apoyan al Gobierno, habría que recorrer todavía un largo camino hasta superar los déficits que nos han dejado a la cola de Europa: el déficit social (educación, sanidad y atención a dependientes) que se agrandó durante la etapa de gobierno del PP (-7 % PIB) y el déficit científico y tecnológico (-2% PIB), además de los problemas de consumo de drogas, criminalidad y violencia de genero e infantil.
En un artículo anterior, "Las palabras y los hechos", me refería a la propensión de nuestros políticos a utilizar las palabras (en forma de Leyes o Proyectos de Leyes) antes que los hechos (que son caros) y a dar casi por resuelto un tema una vez formulado un texto, sin que antes se hayan establecido y probado los recursos necesarios para llevar a cabo la realización práctica de ese texto. Es la transposición de las realidades por lo que son solo deseos.
Y quizás no haya un ejemplo más claro de este tipo de operación que el del recientemente aprobado (en Consejo de Ministros) "Anteproyecto de Ley de Atención a las personas dependientes" al que el Gobierno se ha referido como el "cuarto pilar del Estado de Bienestar" fijando un gasto anual del 1% del PIB para 2015: unos 9.000 millones de euros. Una cifra respetable, aunque sea solo la tercera parte de lo que países como Suecia invierten en estos mismos servicios, pero que contrasta con los 400 millones presupuestados para 2006, después de admitir las enmiendas de IU y ER que duplicaron la propuesta inicial.
Lo primero que a un ciudadano normal, como yo, se le ocurre es leerse el referido Anteproyecto para ver en qué consiste. ¡Vano intento! No hay quien encuentre el documento (si existe) en las web de la Administración ni, al parecer, lo conocen las Instituciones más interesadas en el tema, si nos fiamos del artículo publicado en La Razón titulado "La Ley de Dependencia: el proyecto fantasma".
A falta de ese documento, para los más interesados, es útil echar un vistazo al Libro Blanco sobre atención a los dependientes que hace un exahustivo análisis del problema en España y de las soluciones implementadas en distintos países, advirtiendo que se trata de un documento de unas 1.000 páginas.
Hay muchas preguntas sin contestar en relación con esta futura Ley. Sobre todo las que se refieren a los cuidadores: ¿cuantos serán los propios familiares y cuantos los profesionalizados? ¿cómo se formarán?
Y, si las cosas se hacen bien, habría que hablar como mínimo de medio millón de cuidadores.
En todo caso, la realización práctica del Programa socialista para reducir nuestro déficit social y tecnológico con Europa debería suponer un incremento de gasto público no menor de un 5% del PIB. En tiempos de Felipe Gonzalez, la universalización de la educación, la sanidad y las pensiones (3 pilares del Estado de Bienestar) supuso un aumento de la presión fiscal de unos 6 puntos. Ahora, para poner en marcha el cuarto pilar, para lograr una posición tecnológica adecuada a nuestro nivel económico y para tener una sanidad y unas pensiones mínimas dignas de un país avanzado, hay que dar un nuevo salto de la presión fiscal del orden del 5% del PIB, pasando del 35% actual a un 40%.
Sin embargo, el Presidente del Gobierno proclama que "bajará los impuestos a trabajadores y empresas". No está mal, pero tendrá que subirlos en otros capítulos (hidrocarburos, alcohol, tabaco...) en que las subidas contribuyan a disminuir una demanda indeseada y, sobre todo, el Gobierno deberá dar un buen bocado al dinero negro y al consiguiente fraude fiscal. Todo ello, puede reportar hasta un 2% o 3% del PIB, lo que es claramente insuficiente.
El programa del Gobierno se convertirá, presumiblemente, en un programa imposible.
P.S: Posteriormente a este escrito ha salido, en la web de Presidencia del Gobierno, una nota sobre la Ley de Autonomía Personal y Dependencia con algunos datos de financiación, por cierto bastante inferiores a la cifra del 1% del PIB que había apuntado como insuficiente.
En un artículo anterior, "Las palabras y los hechos", me refería a la propensión de nuestros políticos a utilizar las palabras (en forma de Leyes o Proyectos de Leyes) antes que los hechos (que son caros) y a dar casi por resuelto un tema una vez formulado un texto, sin que antes se hayan establecido y probado los recursos necesarios para llevar a cabo la realización práctica de ese texto. Es la transposición de las realidades por lo que son solo deseos.
Y quizás no haya un ejemplo más claro de este tipo de operación que el del recientemente aprobado (en Consejo de Ministros) "Anteproyecto de Ley de Atención a las personas dependientes" al que el Gobierno se ha referido como el "cuarto pilar del Estado de Bienestar" fijando un gasto anual del 1% del PIB para 2015: unos 9.000 millones de euros. Una cifra respetable, aunque sea solo la tercera parte de lo que países como Suecia invierten en estos mismos servicios, pero que contrasta con los 400 millones presupuestados para 2006, después de admitir las enmiendas de IU y ER que duplicaron la propuesta inicial.
Lo primero que a un ciudadano normal, como yo, se le ocurre es leerse el referido Anteproyecto para ver en qué consiste. ¡Vano intento! No hay quien encuentre el documento (si existe) en las web de la Administración ni, al parecer, lo conocen las Instituciones más interesadas en el tema, si nos fiamos del artículo publicado en La Razón titulado "La Ley de Dependencia: el proyecto fantasma".
A falta de ese documento, para los más interesados, es útil echar un vistazo al Libro Blanco sobre atención a los dependientes que hace un exahustivo análisis del problema en España y de las soluciones implementadas en distintos países, advirtiendo que se trata de un documento de unas 1.000 páginas.
Hay muchas preguntas sin contestar en relación con esta futura Ley. Sobre todo las que se refieren a los cuidadores: ¿cuantos serán los propios familiares y cuantos los profesionalizados? ¿cómo se formarán?
Y, si las cosas se hacen bien, habría que hablar como mínimo de medio millón de cuidadores.
En todo caso, la realización práctica del Programa socialista para reducir nuestro déficit social y tecnológico con Europa debería suponer un incremento de gasto público no menor de un 5% del PIB. En tiempos de Felipe Gonzalez, la universalización de la educación, la sanidad y las pensiones (3 pilares del Estado de Bienestar) supuso un aumento de la presión fiscal de unos 6 puntos. Ahora, para poner en marcha el cuarto pilar, para lograr una posición tecnológica adecuada a nuestro nivel económico y para tener una sanidad y unas pensiones mínimas dignas de un país avanzado, hay que dar un nuevo salto de la presión fiscal del orden del 5% del PIB, pasando del 35% actual a un 40%.
Sin embargo, el Presidente del Gobierno proclama que "bajará los impuestos a trabajadores y empresas". No está mal, pero tendrá que subirlos en otros capítulos (hidrocarburos, alcohol, tabaco...) en que las subidas contribuyan a disminuir una demanda indeseada y, sobre todo, el Gobierno deberá dar un buen bocado al dinero negro y al consiguiente fraude fiscal. Todo ello, puede reportar hasta un 2% o 3% del PIB, lo que es claramente insuficiente.
El programa del Gobierno se convertirá, presumiblemente, en un programa imposible.
P.S: Posteriormente a este escrito ha salido, en la web de Presidencia del Gobierno, una nota sobre la Ley de Autonomía Personal y Dependencia con algunos datos de financiación, por cierto bastante inferiores a la cifra del 1% del PIB que había apuntado como insuficiente.