En Abril de 2005 publiqué un post titulado "Público y privado" en el que exponía algunos ingeniosos argumentos esgrimidos por el radical liberal (y Premio Nobel) Milton Friedman para defender los sistemas de economía privada sobre los de economía pública por su mayor eficiencia. No voy a repetir lo que entonces expuse sobre este asunto, ya que quien tenga interés puede leerlo en pocos minutos, pero sí decir que dichos argumentos no siempre se veían confirmados por la realidad (como en el caso de la Sanidad norteaméricana). La nueva situación provocada por la crisis financiera, debida a la excesiva desregulación de los mercados financieros que han alimentado la codicia de muchos gestores de las finanzas, principalmente norteamericanos, así como otros datos y experiencias que he tenido ocasión de conocer últimamente, me animan a hacer una nueva reflexión, de más profundidad, sobre este controvertido tema.
A finales del pasado año publiqué un post sobre el rescate de General Motors en el que me permitía afirmar que se trataba de una nacionalización encubierta. Hoy, las últimas noticias (todavía sin confirmar) son las de que el Gobierno de los EE.UU toma el control de esta Corporación con más del 70% de su accionariado. Tanto si esto es cierto como si no, lo que es indudable es que el Gobierno de la mayor potencia económica, que casi siempre ha abogado por una economía liberal basada en la iniciativa privada, no tiene ningún empacho en recurrir a lo público cuando las cosas vienen mal dadas. En España, un dirigente de la Patronal decía al Gobierno Zapatero que "había que abrir un paréntesis en el modelo de mercado libre", con el fin de justificar la petición de ayuda pública para las empresas. Así que este es un momento propicio para reflexionar sobre el modelo de la economía pública y privada y de sus límites en cualquiera de los dos casos.
Desde luego, no hay dudas de la desastrosa evolución económica de los países que han practicado una economía centralizada y planificada (llamada "socialismo real") con precios muy alejados de los que el mercado marca por el libre juego de oferta y demanda. El caso de las dos Coreas es muy ilustrativo: Corea del Sur practica un sistema capitalista o mixto en el que la mayoría de las empresas compiten entre sí y se someten a las leyes del mercado libre (con poca intervención del Estado). Por el contrario, Corea del Norte practica un socialismo autoritario y totalitario que deja en manos del Estado casi todas las decisiones económicas. Si bien desconozco los datos respecto a Corea del Norte, me parece que las diferencias en el desarrollo económico de las dos Coreas es patente e indiscutible y muy favorable para la Corea del Sur.
Otro país de casi total economía pública y centralizada es Cuba, del que tengo más datos y opiniones diversas. En este caso, también es indiscutible el retraso económico desde el triunfo de la Revolución en 1959. Anteriormente a ese año, Cuba presentaba índices económicos algo mejores que los de España en la misma época, si bien tanto en un caso como en otro las desigualdades sociales eran enormes. De ahí que la Revolución cubana triunfase con el apoyo de las clases trabajadoras y oprimidas frente a los ricos propietarios apoyados por los EE.UU. Además, como es sabido, Cuba nacionalizó casi todas las grandes empresas incluidas las de propiedad norteamericana. Hoy, el PIB per cápita (PPA, o sea a paridad de poder adquisitivo) de España es de más de 4 veces el de Cuba, lo que ilustra la diferencia de desarrollo económico en ambos países. No obstante, en el terreno social no se percibe tanto retraso, como lo demuestra el hecho de que Cuba ocupa el puesto 48 en el ranking de Desarrollo Humano, justo por debajo de Chile, Argentina o Uruguay pero por encima de México o Brasil. Si bien los dirigentes cubanos achacan el retraso económico al embargo de los EE.UU (que en Cuba llaman "bloqueo"), este embargo solo explicaria una reducción del PIB inferior al 10%. Por tanto, todo parece indicar que el retraso económico de Cuba se debe al sistema de gestión pública centralizada y de precios subsidiados que constituye el grueso de su economía. En estos momentos, debido a que la crisis financiera global ha reducido sustancialmente los ingresos por el turismo, mientras que los gastos se han incrementado fuertemente debido a las necesidades de reconstrucción por los efectos de los huracanes, Cuba ha entrado en una aguda crisis de liquidez para hacer frente a las necesidades de importación de materias primas, singularmente de petróleo y otros productos energéticos. Y es en este contexto donde se puede apreciar los efectos devastadores de los precios fuertemente subsidiados como son los de la electricidad, el gas y el combustible para los transportes públicos. Basándome en datos de la ONE (Oficina Nacional de Estadística de Cuba), y de otros amablemente ofrecidos por bloggeros cubanos, he calculado que los costes reales de la energía (a precios internacionales) son unas 20 veces lo facturado a los consumidores. De ahí que el despilfarro de energía sea muy alto, como ya he dicho en ocasiones anteriores (en El misterio de Cuba, señalaba que "los precios subvencionados por el Estado producía evidentes ineficiencias, especialmente en la utilización de la energía (aire acondicionado, gasoil o gasolina, etc. "). Incluso Fidel Castro, en su famoso discurso en el Universidad de La Habana (ver: Corrupción en Cuba), decía que "las políticas de subvenciones fueron un error, incluida la libreta de racionamiento, que en la situación actual se ha convertido en un estorbo.." . Sin embargo, a pesar de que el propio Fidel Castro, máximo responsable de todo lo que pasaba en la isla, reconocía que las subvenciones eran un error y también que había una gran ineficiencia energética, las cosas han seguido practicamente igual. ¿Por qué? Probablemente por la sencilla razón de que, una vez establecidos los precios altamente subvencionados, es muy difícil subir esos precios sin provocar una gran conmoción social, algo a lo que un régimen llamado "comunista" tiene verdadera alergia. Por ejemplo, si los precios de la electricidad se aproximasen a los costes reales, la factura eléctrica para una familia subiría a una cantidad del orden de la mitad del ingreso salarial. Por tanto, sería preciso subir simultáneamente precios y salarios en cuantías semejantes y esto provocaría, sin duda, fuertes desequilibrios. No obstante, es indudable que si algún día se quiere ir a un sistema económico más racional, que permita la iniciativa y competencia empresarial, sin desequilibrios, la actualización de los precios será imprescindible. En estos momentos, el régimen castrista prefiere lanzar una campaña más contra la corrupción y el despilfarro energético, amenazando con apagones eléctricos y bajo el lema ¡Ahorro o muerte! Anteriormente, ya se habían llevado a cabo campañas de ahorro con el reparto de ollas de presión, bombillas y electrodomésticos de bajo consumo; todo ello con resultados más bien modestos. No hay nada que tenga mayor efecto que unos precios de la energía reales o, lo que es lo mismo, tan altos que desalienten el consumo excesivo. Sobre todo para aquellas empresas o individuos que, pudiendo permitirse pagar a coste real, están aprovechándose de unos precios subvencionados dirigidos a una población pobre. En mi opinión, las verdaderas soluciones pasarían por aumentos drásticos de precios y de salarios, lo que también tendría un efecto favorable para reducir el abandono de una profesión digna por la del dinero fácil que supone la dedicación a las "atenciones" o ventas clandestinas a los turistas.
Hasta aquí hemos explicado algunas aberraciones económicas de los sistemas públicos autoritarios y centralizados. Asímismo, la crisis global actual nos enseña otro tipo de aberraciones a las que conducen los liberalismos neo-con cuando el Estado abdica de su responsabilidad reguladora en las operaciones financieras de una globalización mal entendida.
En este punto cabría preguntarse si no hay alguna forma de economía mixta capaz de equilibrar el binomio público-privado sin que la economía de mercado se resienta y, al mismo tiempo, tenga claras ventajas para la gran mayoría de la sociedad. La respuesta la dan los países de tradición socialdemócrata (los países nórdicos, singularmente) tanto si tienen gobiernos de centro-derecha como de centro-izquierda. Son países con una presión fiscal alta (entre el 40 y el 50% del PIB) que practican una política social de costes entre el 25 y 30% del PIB (en educación, sanidad, pensiones y ayudas a familias o dependientes) y que, además, presentan un elevado nivel de productividad y competitividad basado en un alto desarrollo tecnológico e innovador de las empresas, el cual precisa también de una educación y sanidad públicas de alto nivel. Sin duda, un buen nivel educativo y de salud para los ciudadanos redunda en beneficio de toda la sociedad, por lo que se justifica plenamente que la mayor parte de sus costes corran a cargo del erario público. Sobre todo cuando esto permite una real y efectiva igualdad de oportunidades para toda la población. Es muy importante considerar que, para las clases trabajadoras más desfavorecidas, esta igualdad no sería posible con sistemas privados de sanidad y educación. Hay, además, ejemplos en el mundo de la superioridad de los sistemas públicos en educación y sanidad: Finlandia, con un 95% de escuela pública, presenta los mejores índices de educación en el mundo. En sanidad, los EE.UU presentan los índices de mayor coste de la Sanidad y los peores resultados del mundo desarrollado: más de 40 millones de ciudadanos sin cobertura sanitaria, unos costes totales de la sanidad por encima del 15% del PIB y una esperanza de vida similar a la de Cuba. Y por cierto, este último país se permite ayudar a otros países subdesarrollados con el envío de cooperantes médicos y educadores (ver "Pobreza y solidaridad").
Para comprender bien estos conceptos de los sistemas públicos y privados, es preciso atender a la división de la ciudadanía en clases sociales. Las clases bajas no podrían acceder a niveles aceptables de educación y salud si no existiesen los servicios públicos basados en una alta fiscalidad que recae, principalmente, sobre las clases medias-altas y la clase empresarial. Como dice el actual coordinador de IU, Cayo Lara, hoy en España es posible reconocer la clase social, a la que ha pertenecido una persona mayor, por el estado de su dentadura. Y es que los servicios de odontología no están incluidos en nuestra Seguridad Social.
A finales del pasado año publiqué un post sobre el rescate de General Motors en el que me permitía afirmar que se trataba de una nacionalización encubierta. Hoy, las últimas noticias (todavía sin confirmar) son las de que el Gobierno de los EE.UU toma el control de esta Corporación con más del 70% de su accionariado. Tanto si esto es cierto como si no, lo que es indudable es que el Gobierno de la mayor potencia económica, que casi siempre ha abogado por una economía liberal basada en la iniciativa privada, no tiene ningún empacho en recurrir a lo público cuando las cosas vienen mal dadas. En España, un dirigente de la Patronal decía al Gobierno Zapatero que "había que abrir un paréntesis en el modelo de mercado libre", con el fin de justificar la petición de ayuda pública para las empresas. Así que este es un momento propicio para reflexionar sobre el modelo de la economía pública y privada y de sus límites en cualquiera de los dos casos.
Desde luego, no hay dudas de la desastrosa evolución económica de los países que han practicado una economía centralizada y planificada (llamada "socialismo real") con precios muy alejados de los que el mercado marca por el libre juego de oferta y demanda. El caso de las dos Coreas es muy ilustrativo: Corea del Sur practica un sistema capitalista o mixto en el que la mayoría de las empresas compiten entre sí y se someten a las leyes del mercado libre (con poca intervención del Estado). Por el contrario, Corea del Norte practica un socialismo autoritario y totalitario que deja en manos del Estado casi todas las decisiones económicas. Si bien desconozco los datos respecto a Corea del Norte, me parece que las diferencias en el desarrollo económico de las dos Coreas es patente e indiscutible y muy favorable para la Corea del Sur.
Otro país de casi total economía pública y centralizada es Cuba, del que tengo más datos y opiniones diversas. En este caso, también es indiscutible el retraso económico desde el triunfo de la Revolución en 1959. Anteriormente a ese año, Cuba presentaba índices económicos algo mejores que los de España en la misma época, si bien tanto en un caso como en otro las desigualdades sociales eran enormes. De ahí que la Revolución cubana triunfase con el apoyo de las clases trabajadoras y oprimidas frente a los ricos propietarios apoyados por los EE.UU. Además, como es sabido, Cuba nacionalizó casi todas las grandes empresas incluidas las de propiedad norteamericana. Hoy, el PIB per cápita (PPA, o sea a paridad de poder adquisitivo) de España es de más de 4 veces el de Cuba, lo que ilustra la diferencia de desarrollo económico en ambos países. No obstante, en el terreno social no se percibe tanto retraso, como lo demuestra el hecho de que Cuba ocupa el puesto 48 en el ranking de Desarrollo Humano, justo por debajo de Chile, Argentina o Uruguay pero por encima de México o Brasil. Si bien los dirigentes cubanos achacan el retraso económico al embargo de los EE.UU (que en Cuba llaman "bloqueo"), este embargo solo explicaria una reducción del PIB inferior al 10%. Por tanto, todo parece indicar que el retraso económico de Cuba se debe al sistema de gestión pública centralizada y de precios subsidiados que constituye el grueso de su economía. En estos momentos, debido a que la crisis financiera global ha reducido sustancialmente los ingresos por el turismo, mientras que los gastos se han incrementado fuertemente debido a las necesidades de reconstrucción por los efectos de los huracanes, Cuba ha entrado en una aguda crisis de liquidez para hacer frente a las necesidades de importación de materias primas, singularmente de petróleo y otros productos energéticos. Y es en este contexto donde se puede apreciar los efectos devastadores de los precios fuertemente subsidiados como son los de la electricidad, el gas y el combustible para los transportes públicos. Basándome en datos de la ONE (Oficina Nacional de Estadística de Cuba), y de otros amablemente ofrecidos por bloggeros cubanos, he calculado que los costes reales de la energía (a precios internacionales) son unas 20 veces lo facturado a los consumidores. De ahí que el despilfarro de energía sea muy alto, como ya he dicho en ocasiones anteriores (en El misterio de Cuba, señalaba que "los precios subvencionados por el Estado producía evidentes ineficiencias, especialmente en la utilización de la energía (aire acondicionado, gasoil o gasolina, etc. "). Incluso Fidel Castro, en su famoso discurso en el Universidad de La Habana (ver: Corrupción en Cuba), decía que "las políticas de subvenciones fueron un error, incluida la libreta de racionamiento, que en la situación actual se ha convertido en un estorbo.." . Sin embargo, a pesar de que el propio Fidel Castro, máximo responsable de todo lo que pasaba en la isla, reconocía que las subvenciones eran un error y también que había una gran ineficiencia energética, las cosas han seguido practicamente igual. ¿Por qué? Probablemente por la sencilla razón de que, una vez establecidos los precios altamente subvencionados, es muy difícil subir esos precios sin provocar una gran conmoción social, algo a lo que un régimen llamado "comunista" tiene verdadera alergia. Por ejemplo, si los precios de la electricidad se aproximasen a los costes reales, la factura eléctrica para una familia subiría a una cantidad del orden de la mitad del ingreso salarial. Por tanto, sería preciso subir simultáneamente precios y salarios en cuantías semejantes y esto provocaría, sin duda, fuertes desequilibrios. No obstante, es indudable que si algún día se quiere ir a un sistema económico más racional, que permita la iniciativa y competencia empresarial, sin desequilibrios, la actualización de los precios será imprescindible. En estos momentos, el régimen castrista prefiere lanzar una campaña más contra la corrupción y el despilfarro energético, amenazando con apagones eléctricos y bajo el lema ¡Ahorro o muerte! Anteriormente, ya se habían llevado a cabo campañas de ahorro con el reparto de ollas de presión, bombillas y electrodomésticos de bajo consumo; todo ello con resultados más bien modestos. No hay nada que tenga mayor efecto que unos precios de la energía reales o, lo que es lo mismo, tan altos que desalienten el consumo excesivo. Sobre todo para aquellas empresas o individuos que, pudiendo permitirse pagar a coste real, están aprovechándose de unos precios subvencionados dirigidos a una población pobre. En mi opinión, las verdaderas soluciones pasarían por aumentos drásticos de precios y de salarios, lo que también tendría un efecto favorable para reducir el abandono de una profesión digna por la del dinero fácil que supone la dedicación a las "atenciones" o ventas clandestinas a los turistas.
Hasta aquí hemos explicado algunas aberraciones económicas de los sistemas públicos autoritarios y centralizados. Asímismo, la crisis global actual nos enseña otro tipo de aberraciones a las que conducen los liberalismos neo-con cuando el Estado abdica de su responsabilidad reguladora en las operaciones financieras de una globalización mal entendida.
En este punto cabría preguntarse si no hay alguna forma de economía mixta capaz de equilibrar el binomio público-privado sin que la economía de mercado se resienta y, al mismo tiempo, tenga claras ventajas para la gran mayoría de la sociedad. La respuesta la dan los países de tradición socialdemócrata (los países nórdicos, singularmente) tanto si tienen gobiernos de centro-derecha como de centro-izquierda. Son países con una presión fiscal alta (entre el 40 y el 50% del PIB) que practican una política social de costes entre el 25 y 30% del PIB (en educación, sanidad, pensiones y ayudas a familias o dependientes) y que, además, presentan un elevado nivel de productividad y competitividad basado en un alto desarrollo tecnológico e innovador de las empresas, el cual precisa también de una educación y sanidad públicas de alto nivel. Sin duda, un buen nivel educativo y de salud para los ciudadanos redunda en beneficio de toda la sociedad, por lo que se justifica plenamente que la mayor parte de sus costes corran a cargo del erario público. Sobre todo cuando esto permite una real y efectiva igualdad de oportunidades para toda la población. Es muy importante considerar que, para las clases trabajadoras más desfavorecidas, esta igualdad no sería posible con sistemas privados de sanidad y educación. Hay, además, ejemplos en el mundo de la superioridad de los sistemas públicos en educación y sanidad: Finlandia, con un 95% de escuela pública, presenta los mejores índices de educación en el mundo. En sanidad, los EE.UU presentan los índices de mayor coste de la Sanidad y los peores resultados del mundo desarrollado: más de 40 millones de ciudadanos sin cobertura sanitaria, unos costes totales de la sanidad por encima del 15% del PIB y una esperanza de vida similar a la de Cuba. Y por cierto, este último país se permite ayudar a otros países subdesarrollados con el envío de cooperantes médicos y educadores (ver "Pobreza y solidaridad").
Para comprender bien estos conceptos de los sistemas públicos y privados, es preciso atender a la división de la ciudadanía en clases sociales. Las clases bajas no podrían acceder a niveles aceptables de educación y salud si no existiesen los servicios públicos basados en una alta fiscalidad que recae, principalmente, sobre las clases medias-altas y la clase empresarial. Como dice el actual coordinador de IU, Cayo Lara, hoy en España es posible reconocer la clase social, a la que ha pertenecido una persona mayor, por el estado de su dentadura. Y es que los servicios de odontología no están incluidos en nuestra Seguridad Social.