Desde hace algún tiempo, trato de evitar, en mis artículos de Blog, el sumergirme en el proceloso y desagradable ámbito de la política española. Pero algunas situaciones recientes, como la del secuestro del buque atunero Alakrana, me hacen muy difícil no decir nada ante tal número de declaraciones incoherentes y/o hipócritas, especialmente las procedentes del mayor partido de la oposición. Aunque bien pensado, la incoherencia de una derecha -que reivindica la no ingerencia del Estado en el libre comercio- reclamando la intervención del Gobierno para proteger a los barcos privados (aunque tengan bandera del paraíso fiscal de las islas Scheycheles), quizás no lo sea tanto, si atendemos a lo que ya decía Bakunin, en el siglo XIX, en cuanto a que, cuando vienen mal dadas, "los liberales burgueses más exaltados se vuelven inmediatamente partidarios tenaces de la omnipotencia del Estado". Era, desde luego, enternecedor oir a Rajoy (o a sus adláteres) volverse hacia el Gobierno de España exigiendo que hiciera "todo lo posible" para liberar a nuestros compatriotas sanos y salvos (no se sabe si también incluían a la mayoría no española de la tripulación) y, al mismo tiempo y en otro contexto, abogar por la legalidad de las decisiones a tomar.
Pero esas decisiones solo pueden ser alguna derivada de dos únicas alternativas posibles:
Este comportamiento irresponsable (y, también, hipócrita) es absolutamente incomprensible para un país serio con una democracia madura. Me consta que las personas sensatas, de diferentes ideologías y países, manifiestan que lo normal, en casos como este, sería que la oposición se ponga a las ordenes del Gobierno para colaborar, en silencio, ayudando a mantener la discreción y dando la mayor confianza a la población. Y jamás utilizando este tipo de desgracias para obtener ventaja electoral alguna. Estas personas sensatas no dan crédito a lo que oyen de nuestra oposición, ya que es incomprensible para toda persona con un mínimo espíritu cooperador y constructivo. Y, sobre todo, cuando las gestiones han culminado en un desenlace feliz. Parecería que eso es lo que molesta a nuestra oposición, ya que antes de que pasasen 24 horas del desenlace, y antes de que la Vicepresidenta De la Vega ofreciese sus explicaciones en el Congreso, el PP arremetía duramente contra la gestión del secuestro con un intento (fracasado) de reprobación del Gobierno por dicha gestión. Como decía Gaspar Llamazares, diputado por IU, "frente al alivio de toda la sociedad, el PP traía a la Cámara la iniciativa de la ira".
El hecho de que me parezca necesario el que una oposición seria y constructiva apoye al Gobierno en difíciles asuntos de Estado como el que nos ocupa, no significa que yo no tenga una opinión diferente a la aplicada por este Gobierno. Todo lo contrario. Mi opinión personal (que puede estar muy equivocada) es que en este tipo de conflictos que afectan a propiedades empresariales (y a sus trabajadores) fuera del ámbito del Estado español, y que no han sido propiciadas por este, el Gobierno solo debe tener un papel mediador y colaborador, siempre que le sea pedido por la empresa y/o los trabajadores (o sus familiares) afectados. En definitiva, en este caso concreto en el que el pesquero no es de bandera española (no basta con izar una banderita cuando vienen mal dadas) sino de un paraíso fiscal -evidentemente para evadir al fisco del Estado español- y que, además, pesca fuera de la zona de seguridad recomendada por el Gobierno, la gestión del problema debería quedar en manos del armador y de los representantes de los trabajadores y sus familias. Sin embargo, curiosamente, en este caso el armador no aparece en casi ninguna de las declaraciones de las distintas partes y fuerzas políticas y se sale de rositas (según la expresión de Gaspar Llamazares) de este asunto, mientras el Gobierno sufre un evidente desgaste, la oposición (PP) hace un papel lamentable, los secuestrados lo pasan muy mal durante más de mes y medio, mientras que sus familiares sufren la comprensible angustia. Espero que, al menos, sea el armador (y su seguro) el que corra con casi todos los gastos y que, si el Estado ha anticipado alguna cantidad, esta le sea devuelta con intereses. Lo que no espero es que se den explicaciones veraces, por parte del Gobierno, ya que tendría admitir alguna ilegalidad. Y todo el mundo debe ser consciente de que solo había esas dos alternativas que he dicho al principio: o alguien pagaba (ilegalmente) o se acababa a tiros con (probablemente) muchos muertos. Que cada lector escoja qué hubiese hecho.
Pero esas decisiones solo pueden ser alguna derivada de dos únicas alternativas posibles:
- O bien se paga un rescate, después de una dura negociación para que sea el menor posible.
- O bien se toma el barco al asalto, por las fuerzas armadas, corriendo el riesgo de que (casi) todos los secuestrados mueran en el intento
Este comportamiento irresponsable (y, también, hipócrita) es absolutamente incomprensible para un país serio con una democracia madura. Me consta que las personas sensatas, de diferentes ideologías y países, manifiestan que lo normal, en casos como este, sería que la oposición se ponga a las ordenes del Gobierno para colaborar, en silencio, ayudando a mantener la discreción y dando la mayor confianza a la población. Y jamás utilizando este tipo de desgracias para obtener ventaja electoral alguna. Estas personas sensatas no dan crédito a lo que oyen de nuestra oposición, ya que es incomprensible para toda persona con un mínimo espíritu cooperador y constructivo. Y, sobre todo, cuando las gestiones han culminado en un desenlace feliz. Parecería que eso es lo que molesta a nuestra oposición, ya que antes de que pasasen 24 horas del desenlace, y antes de que la Vicepresidenta De la Vega ofreciese sus explicaciones en el Congreso, el PP arremetía duramente contra la gestión del secuestro con un intento (fracasado) de reprobación del Gobierno por dicha gestión. Como decía Gaspar Llamazares, diputado por IU, "frente al alivio de toda la sociedad, el PP traía a la Cámara la iniciativa de la ira".
El hecho de que me parezca necesario el que una oposición seria y constructiva apoye al Gobierno en difíciles asuntos de Estado como el que nos ocupa, no significa que yo no tenga una opinión diferente a la aplicada por este Gobierno. Todo lo contrario. Mi opinión personal (que puede estar muy equivocada) es que en este tipo de conflictos que afectan a propiedades empresariales (y a sus trabajadores) fuera del ámbito del Estado español, y que no han sido propiciadas por este, el Gobierno solo debe tener un papel mediador y colaborador, siempre que le sea pedido por la empresa y/o los trabajadores (o sus familiares) afectados. En definitiva, en este caso concreto en el que el pesquero no es de bandera española (no basta con izar una banderita cuando vienen mal dadas) sino de un paraíso fiscal -evidentemente para evadir al fisco del Estado español- y que, además, pesca fuera de la zona de seguridad recomendada por el Gobierno, la gestión del problema debería quedar en manos del armador y de los representantes de los trabajadores y sus familias. Sin embargo, curiosamente, en este caso el armador no aparece en casi ninguna de las declaraciones de las distintas partes y fuerzas políticas y se sale de rositas (según la expresión de Gaspar Llamazares) de este asunto, mientras el Gobierno sufre un evidente desgaste, la oposición (PP) hace un papel lamentable, los secuestrados lo pasan muy mal durante más de mes y medio, mientras que sus familiares sufren la comprensible angustia. Espero que, al menos, sea el armador (y su seguro) el que corra con casi todos los gastos y que, si el Estado ha anticipado alguna cantidad, esta le sea devuelta con intereses. Lo que no espero es que se den explicaciones veraces, por parte del Gobierno, ya que tendría admitir alguna ilegalidad. Y todo el mundo debe ser consciente de que solo había esas dos alternativas que he dicho al principio: o alguien pagaba (ilegalmente) o se acababa a tiros con (probablemente) muchos muertos. Que cada lector escoja qué hubiese hecho.
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