La justicia ha sido, desde que tenemos memoria, una de las manifestaciones más cutres y pringosas del Estado. Antes de que la prensa publicara las fotografías de los expedientes judiciales amontonados junto a aquellas letrinas roñosas, ya sabíamos que el papel higiénico convivía desde siempre con el de la magistratura. Cualquiera que haya pasado al lado de una toga sabe perfectamente a qué huele. Pero llevan oliendo toda la vida de ese modo sin que el olfato de sus señorías sufriera por ello. Los pasillos de un juzgado son lo más parecido a una estación de autobuses de los años cincuenta del pasado siglo o al servicio de urgencias de un hospital cualquiera de Esperanza Aguirre. Traspasas las lindes del pulverulento reino de los tribunales y tienes la impresión de haber caído dentro de una novela de Franz Kafka.
Siempre nos hemos preguntado por qué los jueces, de cuyo poder nadie duda (lo llevan escrito en la cara), toleraban esa situación, por qué no se modernizaban como el resto de las instituciones, por qué no ventilaban sus dependencias, por qué ignoraban la existencia de los detergentes modernos o las ventajas de la informática. Y la única explicación que encontrábamos era que no les interesaba. Mientras la justicia funcionara mal, ellos harían y desharían a su antojo, con coartada para justificar toda clase de desmanes. Lo cierto es que jamás se manifestaron por la falta de medios, del mismo modo que los obispos no se manifestaron, en tiempos peores, por la falta de libertad. Unos y otros se han caído del caballo ahora mismo, vaya por Dios, en plena democracia y con un Gobierno socialista en el poder. Está bien, más vale tarde que nunca. Lo curioso es que uno de los líderes de este movimiento sindical sobrevenido sea el juez Tirado. Son ustedes hábiles (y decentes) hasta para elegir a sus libertadores.Para ser justo, debo decir que este demoledor texto (que refleja muy bien lo que yo mismo siento sobre nuestro sistema judicial) ha sido respondido, de manera bastante comedida y educada, por un juez en otro artículo que se puede leer aquí.
En todo caso, debemos alegrarnos de que los jueces planteen, ahora, una huelga en la que reivindican más jueces y mayor presupuesto para intentar solucionar el endémico problema de la Justicia española, si bien uno no puede por menos de dudar de su sinceridad puesto que, durante 12 años de bonanza económica, no han rechistado y sí lo hacen ahora, de una manera un tanto extemporánea, cuando hay una grave crisis económica y con un Gobierno que ha sido el que más ha incrementado tanto los presupuestos de Justicia como el número de jueces. Sobre este particular, un reciente informe de la CEPEJ (Comisión europea para la eficacia de la Justicia) ha puesto de relieve que la tasa de jueces por 100.000 habitantes en España (10,1 en 2007) es una de las más bajas de Europa, aunque parecida a la de Francia (10,2) y mayor que Dinamarca, Reino Unido o Irlanda. Aunque esta baja tasa de jueces se haya incrementado varios puntos en los últimos años, el juez decano de Badajoz, Sr. García Cancho, en el más puro estilo de demagogia "sindical" considera "una vergüenza y una traición a los ciudadanos" el número de jueces en nuestro país. Ante este tipo de expresiones, así como la actitud retardataria que siempre hemos intuído que existe en la Justicia española, es natural que los ciudadanos tengamos dudas sobre la voluntad de los jueces y funcionarios judiciales por la modernización y la informatización de la Justicia. Todos los que hemos trabajado en organización empresarial sabemos que, sin necesidad de aumentar los medios humanos y físicos, siempre es posible simplificar y organizar mejor cualquier sistema complejo. Para empezar, los jueces y secretarios podrían simplificar el enreversado lenguaje jurídico empleado y reducir el número de folios de cada procedimiento.
La CEPEJ está recomendando eliminar papel y sustituirlo por sistemas informatizados y videoconferencias. En el año 2005, se decía que la Comunidad de Madrid había puesto en marcha un Plan de Modernización de la Justicia en Madrid. Este Plan contenía la utlización avanzada de la informática y las video-conferencias. Solo ver el calendario de implantación, que terminaba en el primer trimestre de 2007, se podría comprender que este Plan era pura propaganda sin compromisos reales para una auténtica implantación, cuya complejidad implicaría plazos mucho más largos y precedidos de ensayos y pruebas del sistema. No tengo constacia alguna de que se haya implantado semejante Plan.
Sinceramente deseo fervientemente que, por fín, se pueda llevar a cabo una razonable modernización del sistema judicial en España pero, lamentablemente, dadas las circunstancias y visto todo lo anterior , sospecho que estamos ante una misión imposible.
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