Después de todo lo que ha caído, y de las "promesas", por parte de los Gobiernos del G20, de una mayor regulación de los mercados especulativos, se podría pensar que los especuladores financieros estarían lo suficientemente escarmentados como para volver a las andadas. Sin embargo, no hace mucho más de una semana que hemos presenciado un nuevo, y virulento, ataque coordinado de mercados especulativos (no sabemos dirigidos por quién) contra algunos países, del grupo que los anglosajones llaman despectivamente PIGS, sobre lo que he tratado en mi anterior post. Aunque el punto débil de este grupo es Grecia, el objetivo principal era España que, por su mayor potencia económica, podría repercutir en la cotización del euro el cual, probablemente, constituía la verdadera diana hacia la que apuntaban los tiros de la especulación.
El equipo económico del Gobierno español reaccionó con rapidez, con algunos anuncios que han causado preocupación en la izquierda y los sindicatos, pero que han conseguido neutralizar a algunos de los apoyos mediáticos con los que han contado los atacantes y, muy especialmente, el muy conocido Financial Times, que ha jugado un penoso papel del que ha tenido, finalmente, que retractarse después de atender a los informes del equipo económico del Gobierno español. El viraje del Financial Times ha sido tal que el Plan que hace unos días era calificado como "ficticio" ha pasado, ahora, a ser considerado "serio". Nuestra ministra de Economía se reunió con el diario económico britanico y, al parecer, fue tan convincente que lo que antes era un peligroso repunte del déficit se ha reconvertido hacia la idea de que, ahora, el riesgo sería el reducir el gasto público demasiado rápidamente. El Ibex 35, que había caído hasta un 10%, está recuperando su nivel anterior a los ataques.
Personalmente, abundo en la idea de que no se debería reducir el gasto público, en tiempos de crisis, cuando se necesitan estímulos para la inversión productiva. El remedio debería venir de un enérgico plan de acción contra el fraude fiscal. Algunas fuentes evalúan la cuantía del fraude fiscal, en España, entre un 20% y un 25% de la recaudación. O sea unos 70.000 millones € al año de los que se recuperan solo un 10%, anualmente. Los 50.000 millones €, que el Gobierno pretende reducir en cuatro años, suponen solo un 18% del fraude fiscal estimado. Por tanto, se trata de una recuperación perfectamente factible si se aplicase un plan de acción combinado con actuaciones dirigidas hacia la opinión pública. Es sabido que al contrario que en los países nórdicos, en España, la evasión fiscal no está socialmente mal vista porque el ciudadano no se identifica con el Estado y con el sistema público. Ahora bien, si el Gobierno se comprometiese firmemente a dedicar la cuantía recuperada del fraude fiscal al incremento de los gastos sociales (educación, sanidad, dependencia y pensiones) y a la formación de los desempleados, haciendo una masiva publicidad sobre la incidencia de estos aspectos, quizás la visión condescendiente sobre el fraude fiscal se podría revertir en un sentimiento acusador hacia los que sistemáticamente defraudan. ¿Es esto, quizás, una utopía en España? ¿Seguiremos siendo siempre un país de insolidarios con todo lo público? Espero que no.
El equipo económico del Gobierno español reaccionó con rapidez, con algunos anuncios que han causado preocupación en la izquierda y los sindicatos, pero que han conseguido neutralizar a algunos de los apoyos mediáticos con los que han contado los atacantes y, muy especialmente, el muy conocido Financial Times, que ha jugado un penoso papel del que ha tenido, finalmente, que retractarse después de atender a los informes del equipo económico del Gobierno español. El viraje del Financial Times ha sido tal que el Plan que hace unos días era calificado como "ficticio" ha pasado, ahora, a ser considerado "serio". Nuestra ministra de Economía se reunió con el diario económico britanico y, al parecer, fue tan convincente que lo que antes era un peligroso repunte del déficit se ha reconvertido hacia la idea de que, ahora, el riesgo sería el reducir el gasto público demasiado rápidamente. El Ibex 35, que había caído hasta un 10%, está recuperando su nivel anterior a los ataques.
Personalmente, abundo en la idea de que no se debería reducir el gasto público, en tiempos de crisis, cuando se necesitan estímulos para la inversión productiva. El remedio debería venir de un enérgico plan de acción contra el fraude fiscal. Algunas fuentes evalúan la cuantía del fraude fiscal, en España, entre un 20% y un 25% de la recaudación. O sea unos 70.000 millones € al año de los que se recuperan solo un 10%, anualmente. Los 50.000 millones €, que el Gobierno pretende reducir en cuatro años, suponen solo un 18% del fraude fiscal estimado. Por tanto, se trata de una recuperación perfectamente factible si se aplicase un plan de acción combinado con actuaciones dirigidas hacia la opinión pública. Es sabido que al contrario que en los países nórdicos, en España, la evasión fiscal no está socialmente mal vista porque el ciudadano no se identifica con el Estado y con el sistema público. Ahora bien, si el Gobierno se comprometiese firmemente a dedicar la cuantía recuperada del fraude fiscal al incremento de los gastos sociales (educación, sanidad, dependencia y pensiones) y a la formación de los desempleados, haciendo una masiva publicidad sobre la incidencia de estos aspectos, quizás la visión condescendiente sobre el fraude fiscal se podría revertir en un sentimiento acusador hacia los que sistemáticamente defraudan. ¿Es esto, quizás, una utopía en España? ¿Seguiremos siendo siempre un país de insolidarios con todo lo público? Espero que no.
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