La reciente manifestación del 30D, en defensa de la "familia cristiana", convocada por la jerarquía católica, ha tenido la virtud de que sea retomado el debate sobre el Estado laico y los acuerdos (de 1976 y 1979) con la Iglesia Católica, debate que es sistemáticamente soslayado por el partido en el Gobierno por el temor al poder secular de la Iglesia en España. También, hemos asistido a reacciones intempestivas por parte de algunos miembros del PSOE, como el Secretario Sr. Blanco, que se han sentido atacados por la jerarquía eclesiástica. Un error craso porque, aparte de que esa jerarquía tiene todo el derecho a convocar una manifestación y a protestar por lo que crean conveniente, actos de este tipo pueden tener un efecto movilizador de la llamada "izquierda volátil" en contra del PP. Si bien, el efecto hubiese sido más importante si la manifa se hubiese dado en fechas más cercanas a las elecciones.
Una editorial de El País, titulada "Laico de una vez", llama a la revisión de los acuerdos y a abordar, sin dilación, esa transformación del Estado español en un verdadero Estado laico. Es una propuesta acertada, a mi parecer, pero no oportuna ya que no debe ser una manifestación antigubernamental de la jerarquía eclesiástica, por mucha indignación que suscite en una parte de la ciudadanía, la que promueva actuaciones para cambiar el orden establecido en aquellos acuerdos sino debates parlamentarios serios (que deberían haberse producido desde hace años) en torno al papel de las instituciones religiosas, católicas o no, en nuestro país. Como dice la citada Editorial, defender una secularización estricta del Estado no significa ir contra la Iglesia, sino ponerla en el lugar que le corresponde, incluida esa "cooperación" con ella "y las demás confesiones" que también propugna la Constitución.
Por lo que leo, en comentarios y foros, el Estado laico es malentendido tanto por la derecha como por la izquierda. En la derecha se acusa a la izquierda de "anticlericalismo" (lo que puede ser cierto en muchos casos) y se alega que la Iglesia desarrolla, en España, una labor social y educativa muy importante, y también que la mayoría de los españoles son católicos. Por la izquierda se aduce que la jerarquía católica española es antigua, conservadora y contraria a avances sociales cada vez más necesarios; lease: preservativos y anticonceptivos, nuevos tipos de familias, aborto, eutanasia... Sin embargo, no se trata de si la Iglesia es o no socialmente útil o retardataria. Podría ser lo que quieran sus fieles, incluso aportar valores y actuaciones muy útiles para el país, pero eso no le haría merecedora de ningún trato especial por parte de un Estado aconfesional por la sencilla razón de que las religiones pertenecen al ámbito privado y no al público y, por tanto, deben financiarse por sus fieles dentro de ese ámbito privado así como sus enseñanzas deben ser impartidas en los locales de esas instituciones religiosas, sean estas católicas, evangelistas, luteranas, islamistas, judaicas, budistas o de cualquier otro tipo.
Otra cosa muy distinta, es que el Estado coopere con las instituciones religiosas en todo lo que sea beneficioso para la ciudadanía. Al igual que debe hacerlo con la Cruz Roja y multitud de ONGs y otras instituciones de utilidad pública.
Ahora bien, el caso de la Educación debe ser tratado con especial atención ya que un porcentaje importante de nuestras escuelas e institutos están gestionados por instituciones religiosas católicas. Si el 98% de las escuelas fuesen públicas, como ocurre en Finlandia (al parecer, el país con mejor educación en el mundo) no habría problema alguno, pero si el porcentaje de escuelas gestionadas por la Iglesia es, según parece, de cerca del 30%, entonces debería plantearse algún tipo de plazos y condiciones para seguir con la financiación concertada. Por ejemplo, el que la enseñanza de la religión se imparta en horas extra y solo a los alumnos cuyos padres lo soliciten y, sobre todo, que el Estado no se haga cargo de los salarios de los enseñantes de Religión. Y estas condiciones deben servir para cualquier institución religiosa, católica o no.
En todo caso, no hay duda del enorme interés que suscita este tema en la ciudadanía. Prueba de ello es la gran cantidad de comentarios que aparecen en la prensa en relación con las noticias de la manifestación y sus repercusiones. Por ejemplo, el diario Público ha recibido más de 1.000 comentarios en las distintas noticias en relación con este tema.
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