Hace menos de un mes, el Gobierno estudiaba la posibilidad de avanzar hacia el equilibrio presupuestario, aumentando los impuestos a los más ricos. Hoy, a la espera de la negociación de los Presupuestos 2010 en el Congreso, todos los indicios nos dicen que esta viñeta del diario Público es, además de divertida, bastante acertada:
Y es que, por lo que sabemos, no se van a tocar los tipos más altos del IRPF ni la fiscalidad de las SICAV y se aumenta el IVA que pagan todos los ciudadanos (a excepción de los que defraudan a Hacienda). O sea que el aumento de impuestos para los ricos queda reducido a los 2 puntos de aumento del IRC que los bancos retienen al hacer efectivos los beneficios por intereses o dividendos. Para dejar claro la pequeña cuantía que este aumento supone en la recaudación de Hacienda, supongamos un contribuyente lo suficientemente rico como para tener un millón de euros en acciones y depósitos que le supongan un beneficio anual del 3% (30.000€). El aumento de fiscalidad en este caso sería de 600€ al año. Una cantidad parecida al aumento por IVA para una familia de clase media que efectúe compras por valor de 50.000€ anuales.
Hay quienes dicen que es imposible sacar suficientes recursos de los más ricos sin que se dé una fuga de capitales que debiliten la inversión en España. Puede que tengan razón, pero yo no lo creo. Ya, ahora, la globalización permite que los capitales se inviertan donde sea más rentable hacerlo y las SICAV, que yo sepa, pueden invertir en los mercados internacionales. No obstante, también hay quien dice que las SICAV no se pueden tocar, porque al día siguiente estarán domiciliadas en Luxemburgo u otro país-refugio fiscal. No lo creo. En todo caso, lo que hay que hacer, en el ámbito europeo e internacional, es regular los mercados y perseguir a los paraísos fiscales, como también hay que perseguir el fraude fiscal interior ya que se defraudan más recursos que los que supone la elevación de impuestos que el Gobierno plantea.
En todo caso, una elevación de impuestos para las grandes fortunas exigiría una reforma fiscal muy distinta de la que parece que se está llevando a cabo. En mi post "¿Hay que subir impuestos?" se daban algunas ideas de lo que se puede hacer para lograr una mayor progresividad fiscal, además de reinstaurar un impuesto del patrimonio más progresivo que el que se ha eliminado. Ahora bien, según dice Vicenç Navarro, en su artículo "El abandono de las políticas redistributivas", hay una estrategia deliberada de los sectores más conservadores del Gobierno (antes Sevilla y Solbes, ahora Miguel Sebastián), para reducir la progresividad de la fiscalidad sobre la base de que son las clases medias, en sentido amplio, las que tienen que apechugar con el grueso de la recaudación fiscal. Después, esa recaudación se redistribuye en función de las necesidades sociales. Sin embargo, la reducción de la progresividad fiscal produce efectos perversos ya que, en el límite, conduce a que sean las clases populares las que financien el grueso de los servicios sociales que precisan y no los que más tienen. Esta es una de las razones por las que, en España, el gasto público social sea solo el 72% de la media del la UE-15 cuando el PIB es ya el 95% de la media de esos países. Como casi siempre, el artículo de V. Navarro resulta muy atinado, cuando dice: El presupuesto propuesto por el gobierno socialista ha desaprovechado la posibilidad de hacer una reforma fiscal progresiva pues, a pesar del discurso de oponerse a los “poderosos”, se ha acomodado fácilmente a ellos.
Y es que, por lo que sabemos, no se van a tocar los tipos más altos del IRPF ni la fiscalidad de las SICAV y se aumenta el IVA que pagan todos los ciudadanos (a excepción de los que defraudan a Hacienda). O sea que el aumento de impuestos para los ricos queda reducido a los 2 puntos de aumento del IRC que los bancos retienen al hacer efectivos los beneficios por intereses o dividendos. Para dejar claro la pequeña cuantía que este aumento supone en la recaudación de Hacienda, supongamos un contribuyente lo suficientemente rico como para tener un millón de euros en acciones y depósitos que le supongan un beneficio anual del 3% (30.000€). El aumento de fiscalidad en este caso sería de 600€ al año. Una cantidad parecida al aumento por IVA para una familia de clase media que efectúe compras por valor de 50.000€ anuales.
Hay quienes dicen que es imposible sacar suficientes recursos de los más ricos sin que se dé una fuga de capitales que debiliten la inversión en España. Puede que tengan razón, pero yo no lo creo. Ya, ahora, la globalización permite que los capitales se inviertan donde sea más rentable hacerlo y las SICAV, que yo sepa, pueden invertir en los mercados internacionales. No obstante, también hay quien dice que las SICAV no se pueden tocar, porque al día siguiente estarán domiciliadas en Luxemburgo u otro país-refugio fiscal. No lo creo. En todo caso, lo que hay que hacer, en el ámbito europeo e internacional, es regular los mercados y perseguir a los paraísos fiscales, como también hay que perseguir el fraude fiscal interior ya que se defraudan más recursos que los que supone la elevación de impuestos que el Gobierno plantea.
En todo caso, una elevación de impuestos para las grandes fortunas exigiría una reforma fiscal muy distinta de la que parece que se está llevando a cabo. En mi post "¿Hay que subir impuestos?" se daban algunas ideas de lo que se puede hacer para lograr una mayor progresividad fiscal, además de reinstaurar un impuesto del patrimonio más progresivo que el que se ha eliminado. Ahora bien, según dice Vicenç Navarro, en su artículo "El abandono de las políticas redistributivas", hay una estrategia deliberada de los sectores más conservadores del Gobierno (antes Sevilla y Solbes, ahora Miguel Sebastián), para reducir la progresividad de la fiscalidad sobre la base de que son las clases medias, en sentido amplio, las que tienen que apechugar con el grueso de la recaudación fiscal. Después, esa recaudación se redistribuye en función de las necesidades sociales. Sin embargo, la reducción de la progresividad fiscal produce efectos perversos ya que, en el límite, conduce a que sean las clases populares las que financien el grueso de los servicios sociales que precisan y no los que más tienen. Esta es una de las razones por las que, en España, el gasto público social sea solo el 72% de la media del la UE-15 cuando el PIB es ya el 95% de la media de esos países. Como casi siempre, el artículo de V. Navarro resulta muy atinado, cuando dice: El presupuesto propuesto por el gobierno socialista ha desaprovechado la posibilidad de hacer una reforma fiscal progresiva pues, a pesar del discurso de oponerse a los “poderosos”, se ha acomodado fácilmente a ellos.
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