El PIB per cápita no me parece el mejor índice para considerar que un país ha salido, de verdad, del subdesarrollo. El verdadero índice (si existiese) sería uno capaz de medir la simplicidad y racionalidad de las transacciones de todo tipo, la facilidad de las gestiones con la administración y una intermediación reducida a lo estrictamente necesario. Y, en ese caso, España aparecería como uno de los países más "subdesarrollados", dentro los que tienen un alto PIB per cápita.
El mercado inmobiliario, en los años del boom, supuso una enorme inflación de la intermediación que yo pude comprobar cuando vendí mi casa de Fuengirola. Durante los 6 meses que estuvo a la venta, las visitas de agencias inmobiliarias fueron muchas más que las de clientes verdaderamente interesados. Más de 20 agencias distintas querían encargarse de la venta y ninguna ofrecía un verdadero servicio al posible comprador. No tenían ningún interés por tener planos de la casa ni por los posibles problemas que el cliente comprador podría encontrar. Y, después, vendría la consiguiente intermediación de notario, registrador y gestión de pagos de impuestos para el comprador. Plazo de la operación: más de 6 meses; coste: 5% para el agente inmobiliario y casi 10% para impuestos, Notaría y Registro.
Para otra vivienda, que compré posteriormente, observé que la propia oficina de la Notaría trataba de enviarme a una empresa gestora para pagar el impuesto del IVA. Y no era poca cosa el coste de la gestión, así que se me ocurrió hacerla yo directamente, en Hacienda de la Junta de Andalucía, aún pensando que tendría que esperar colas y días de demora hasta efectuar el pago. Mi sorpresa fue que lo hice en un par de horas en la misma mañana y sin ningún coste de gestión. Pero, naturalmente, en la oficina del Registro sí hubo mucha demora. Y sin el Registro, la compra del inmueble no está completada.
Por aquella época, mi cuñada finlandesa vendió su casa de Helsinki para comprar otra más adecuada. Los precios de mercado de la zona y del tipo de vivienda que se vende es público y, por tanto, no hay prácticamente margen para el regateo. Así que lo que se hace es anunciar la venta en la sección inmobiliaria del diario de más tirada de Helsinki estableciendo un día (domingo) para recibir las visitas de posibles compradores. En el primer día de visitas, se cerró el trato con un comprador y, al día siguiente, la operación completa se tramitó en el banco que acordaron vendedor y comprador. El banco se encarga de todos los trámites oficiales y los datos de la nueva propiedad quedan actualizados en tiempo real, en el acto de la compra-venta. No hay notarios ni registradores visibles. Costes: casi nulos (salvo impuestos que, para vivienda habitual, son más bajos que en España) y plazo total de la operación: no más de una semana. La diferencia con el caso español es abismal.
Y es que los criterios de intermediación, en países socialmente desarrollados, son del tipo que yo llamo "científico-técnicos", es decir criterios que atienden a lograr la mayor simplicidad y racionalidad posibles y, sobre todo, a facilitar los trámites a los usuarios. Tramites que, por tanto, son también más económicos y rápidos. En cambio, los de España (y probablemente de Italia y otros países del Sur de Europa) derivan de estructuras antiguas, casi medievales, y atienden a criterios del mayor beneficio para los personajes que detentan el poder en esas estructuras y no a las facilidades para los usuarios. Y se trata de un poder que llega al Parlamento. ¿Qué Gobierno sería capaz de sustituir el poder de la para-Administración (Notarios, Registradores y demás fauna) por sistemas administrativos basados en un control racional e informatizado, en tiempo real?
Pero lo que más llama la atención, en nuestro país, es la derivación hacia agentes privados de los aspectos de atención social de los que son responsables las Administraciones públicas, sean Estatales, de Comunidades Autónomas o Ayuntamientos. Esta derivación, con un bajo nivel de control, se da muy particularmente en el caso de la atención a dependientes cuya valoración se ha hecho por la Administración, pero cuya aplicación se pone en manos privadas, en ocasiones, sospechosas de obtener pingües beneficios y dando una atención inadecuada. A través de una inmigrante latinoamericana, que trabaja para una agencia privada contratada por el Ayuntº de Málaga, sabemos que está atendiendo a algunas personas de nivel económico alto y que la utilizan para temas muy alejados de la atención a la dependencia, como "limpiar la plata" y otros servicios domésticos propios de personas adineradas. Y también hemos sabido que si la persona atendida llama a la Agencia para decir que no necesita la asistencia durante unos días (por ausencia o viaje), dicha Agencia sigue cobrando lo mismo del Ayuntamiento pero, sin embargo, descuenta los días no trabajados a la asistenta. Además de que, al parecer, la Agencia cobra más del doble de lo que paga normalmente a sus trabajadores. Por algo utilizan inmigrantes que no les denuncian por miedo a represalias. Una vez más, la intermediación, el fraude y el abuso van de la mano, con un insuficiente control por parte de la Administración.
El mercado inmobiliario, en los años del boom, supuso una enorme inflación de la intermediación que yo pude comprobar cuando vendí mi casa de Fuengirola. Durante los 6 meses que estuvo a la venta, las visitas de agencias inmobiliarias fueron muchas más que las de clientes verdaderamente interesados. Más de 20 agencias distintas querían encargarse de la venta y ninguna ofrecía un verdadero servicio al posible comprador. No tenían ningún interés por tener planos de la casa ni por los posibles problemas que el cliente comprador podría encontrar. Y, después, vendría la consiguiente intermediación de notario, registrador y gestión de pagos de impuestos para el comprador. Plazo de la operación: más de 6 meses; coste: 5% para el agente inmobiliario y casi 10% para impuestos, Notaría y Registro.
Para otra vivienda, que compré posteriormente, observé que la propia oficina de la Notaría trataba de enviarme a una empresa gestora para pagar el impuesto del IVA. Y no era poca cosa el coste de la gestión, así que se me ocurrió hacerla yo directamente, en Hacienda de la Junta de Andalucía, aún pensando que tendría que esperar colas y días de demora hasta efectuar el pago. Mi sorpresa fue que lo hice en un par de horas en la misma mañana y sin ningún coste de gestión. Pero, naturalmente, en la oficina del Registro sí hubo mucha demora. Y sin el Registro, la compra del inmueble no está completada.
Por aquella época, mi cuñada finlandesa vendió su casa de Helsinki para comprar otra más adecuada. Los precios de mercado de la zona y del tipo de vivienda que se vende es público y, por tanto, no hay prácticamente margen para el regateo. Así que lo que se hace es anunciar la venta en la sección inmobiliaria del diario de más tirada de Helsinki estableciendo un día (domingo) para recibir las visitas de posibles compradores. En el primer día de visitas, se cerró el trato con un comprador y, al día siguiente, la operación completa se tramitó en el banco que acordaron vendedor y comprador. El banco se encarga de todos los trámites oficiales y los datos de la nueva propiedad quedan actualizados en tiempo real, en el acto de la compra-venta. No hay notarios ni registradores visibles. Costes: casi nulos (salvo impuestos que, para vivienda habitual, son más bajos que en España) y plazo total de la operación: no más de una semana. La diferencia con el caso español es abismal.
Y es que los criterios de intermediación, en países socialmente desarrollados, son del tipo que yo llamo "científico-técnicos", es decir criterios que atienden a lograr la mayor simplicidad y racionalidad posibles y, sobre todo, a facilitar los trámites a los usuarios. Tramites que, por tanto, son también más económicos y rápidos. En cambio, los de España (y probablemente de Italia y otros países del Sur de Europa) derivan de estructuras antiguas, casi medievales, y atienden a criterios del mayor beneficio para los personajes que detentan el poder en esas estructuras y no a las facilidades para los usuarios. Y se trata de un poder que llega al Parlamento. ¿Qué Gobierno sería capaz de sustituir el poder de la para-Administración (Notarios, Registradores y demás fauna) por sistemas administrativos basados en un control racional e informatizado, en tiempo real?
Pero lo que más llama la atención, en nuestro país, es la derivación hacia agentes privados de los aspectos de atención social de los que son responsables las Administraciones públicas, sean Estatales, de Comunidades Autónomas o Ayuntamientos. Esta derivación, con un bajo nivel de control, se da muy particularmente en el caso de la atención a dependientes cuya valoración se ha hecho por la Administración, pero cuya aplicación se pone en manos privadas, en ocasiones, sospechosas de obtener pingües beneficios y dando una atención inadecuada. A través de una inmigrante latinoamericana, que trabaja para una agencia privada contratada por el Ayuntº de Málaga, sabemos que está atendiendo a algunas personas de nivel económico alto y que la utilizan para temas muy alejados de la atención a la dependencia, como "limpiar la plata" y otros servicios domésticos propios de personas adineradas. Y también hemos sabido que si la persona atendida llama a la Agencia para decir que no necesita la asistencia durante unos días (por ausencia o viaje), dicha Agencia sigue cobrando lo mismo del Ayuntamiento pero, sin embargo, descuenta los días no trabajados a la asistenta. Además de que, al parecer, la Agencia cobra más del doble de lo que paga normalmente a sus trabajadores. Por algo utilizan inmigrantes que no les denuncian por miedo a represalias. Una vez más, la intermediación, el fraude y el abuso van de la mano, con un insuficiente control por parte de la Administración.
Para la mayoría de los ciudadanos, la intermediación tiene su más importante repercusión en los precios de la alimentación fresca. Cuando sabemos que, por ejemplo, los tomates y otras hortalizas presentan precios para el consumidor que son hasta 5 veces más que los cobrados por el productor, se puede sospechar que hay algo que no funciona bien. La solución debe venir por el fomento de la venta directa, que hoy es más fácil con la utilización de herramientas de Internet. Y ya se está haciendo, como era el caso del reportaje de Comando Actualidad de TVE1 sobre la venta directa de naranjas de la huerta valenciana. Este tipo de venta directa, además de suprimir la intermediación (excepto transporte), debería garantizar una calidad ecológica. Y hay muchos otros sitios que se pueden encontrar buscando en Google por "venta directa agricultor".
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