En un post de Enero de este año, titulado "El Sistema de Salud en España", describía algunas de las deficiencias del Sistema Público, considerado erróneamente por muchos españoles como muy bueno, junto con algunas indicaciones de lo que habría que cambiar para lograr la excelencia de ese Sistema.
Entonces, olvidé comentar una de las deficiencias más importantes (y más ignoradas por casi todo el mundo) que es el hecho de que nuestro Sistema Público no es totalmente universal. Hoy mismo, he oído a comentaristas políticos hablando del Sistema Público de Salud en términos muy elogiosos (uno de los mejores del mundo) y diciendo que es universal. Esta idea, muy extendida, no se corresponde con la realidad. Basta con acceder a la web de Salud Pública de cualquier Comunidad para saber que, entre los requisitos para tener derecho a la tarjeta sanitaria y a los servicios correspondientes, está el ser cotizante de la Seguridad Social o beneficiario del cotizante (cónyuge, hijos y otros familiares que convivan con el cotizante) o bien ser pensionista o beneficiario del pensionista, así como los que tengan insuficientes recursos o los excluidos sociales, según lo que la Comunidad correspondiente dictamine (por ejemplo, la de Madrid). Los demás, no tienen derecho al Sistema y, en esta situación, se encuentran cientos de miles de personas en España, incluyendo los parados que hayan agotado el subsidio de desempleo.
¿Cual es la razón de que no haya habido grandes protestas ante tamaña injusticia y de que exista la impresión generalizada de que tenemos un sistema universal y gratutito? Sencillamente, lo que ocurre es que casi todo el mundo recurre al trampeo característico de nuestro país: mantener la tarjeta de Salud hasta que le detecten, "acogerse" a un familiar cotizante, utilización (indebida) de las Urgencias y otros trucos que ahora no se me ocurren.
En el Consejo Interterritorial de Salud, celebrado recientemente entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, se ha llegado a un Pacto Sanitario en el que entre otras cuestiones importantes (principalmente, el recorte del gasto farmaceútico) se ha acordado incluir en el Sistema a diversos grupos, antes excluidos, como los parados que ya han agotado el subsidio de desempleo y "no pueden acogerse a la prestación de sus cónyuges y otros familiares", a los que nunca han trabajado, a los que tienen profesiones liberales y no cotizan a la S.S., etc. En fin, como siempre un galimatías que genera más burocracia y pérdidas de tiempo para el ciudadano.
¿No sería mucho más fácil sacar una Ley (o un Decreto-Ley) que diga que todos los españoles tienen derecho a acceder a todos los servicios del Sistema Público de Salud?
Entonces, olvidé comentar una de las deficiencias más importantes (y más ignoradas por casi todo el mundo) que es el hecho de que nuestro Sistema Público no es totalmente universal. Hoy mismo, he oído a comentaristas políticos hablando del Sistema Público de Salud en términos muy elogiosos (uno de los mejores del mundo) y diciendo que es universal. Esta idea, muy extendida, no se corresponde con la realidad. Basta con acceder a la web de Salud Pública de cualquier Comunidad para saber que, entre los requisitos para tener derecho a la tarjeta sanitaria y a los servicios correspondientes, está el ser cotizante de la Seguridad Social o beneficiario del cotizante (cónyuge, hijos y otros familiares que convivan con el cotizante) o bien ser pensionista o beneficiario del pensionista, así como los que tengan insuficientes recursos o los excluidos sociales, según lo que la Comunidad correspondiente dictamine (por ejemplo, la de Madrid). Los demás, no tienen derecho al Sistema y, en esta situación, se encuentran cientos de miles de personas en España, incluyendo los parados que hayan agotado el subsidio de desempleo.
¿Cual es la razón de que no haya habido grandes protestas ante tamaña injusticia y de que exista la impresión generalizada de que tenemos un sistema universal y gratutito? Sencillamente, lo que ocurre es que casi todo el mundo recurre al trampeo característico de nuestro país: mantener la tarjeta de Salud hasta que le detecten, "acogerse" a un familiar cotizante, utilización (indebida) de las Urgencias y otros trucos que ahora no se me ocurren.
En el Consejo Interterritorial de Salud, celebrado recientemente entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, se ha llegado a un Pacto Sanitario en el que entre otras cuestiones importantes (principalmente, el recorte del gasto farmaceútico) se ha acordado incluir en el Sistema a diversos grupos, antes excluidos, como los parados que ya han agotado el subsidio de desempleo y "no pueden acogerse a la prestación de sus cónyuges y otros familiares", a los que nunca han trabajado, a los que tienen profesiones liberales y no cotizan a la S.S., etc. En fin, como siempre un galimatías que genera más burocracia y pérdidas de tiempo para el ciudadano.
¿No sería mucho más fácil sacar una Ley (o un Decreto-Ley) que diga que todos los españoles tienen derecho a acceder a todos los servicios del Sistema Público de Salud?
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