Se supone que un país democráticamente avanzado dispone de una Administración y unas instituciones públicas independientes de la política partidista y que funcionan con criterios de profesionalidad y cumplimiento de la legislación vigente. Sin embargo, al menos tres acontecimientos recientes me inclinan a considerar a nuestras instituciones más cerca de un país tercermundista que de las democracias europeas:
a) El Tribunal de la Competencia dictaminando sobre la OPA de Gas Natural sobre ENDESA: la mayoría de los consejeros, propuestos por el PP, opina y vota contrariamente a como lo hacen los propuestos por el PSOE. No tengo ni idea de quien tiene razón, pero constato que las votaciones se hacen de acuerdo con la opinión de los partidos, lo que implica una evidente falta de independencia. Y, además, con criterios distintos a los que se aplicaron en otros casos, cuando gobernaba el PP.
b) Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP conceden más de mil licencias para televisiones locales que van preferentemente a grupos afines como la COPE, ABC, El Mundo o Jimenez Losantos. Practicamente ninguna para los del grupo Prisa. No me extrañaría que cuando el reparto corra a cargo de autonomías gobernadas por el PSOE las asignaciones sean a la inversa. ¿Porqué los medios de comunicación se han de repartir con criterios políticos y no de "calidad y pluralidad" como proclama falsamente el PP? ¿es que los medios más moderados y de mayor audiencia no tienen calidad? ¿y donde está la pluralidad si se margina a medios no afines al PP?
c) Y lo que nos faltaba: un generalote (el Teniente General Mena) irrumpe en el debate político sobre el Estatut con la velada amenaza de aplicación del artículo 8 de la Constitución que prevé la intervención del Ejercito para garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad y el ordenamiento constitucional. Todo ello cuando el Estatut está en plena negociación de enmiendas en el Parlamento y como si no fuese el Gobierno y el propio Parlamento quienes tienen la exclusiva en cuanto a la aplicación de dicho artículo 8. ¡Todavía las secuelas del franquismo!
Lo dicho, no tenemos arreglo.
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