Responsabilidad privada y no pública

En un post anterior, titulado "Hipocresías e incoherencias de políticos", me refería a los casos, como el del Alakrana, en que muchos ciudadanos y, más acusadamente la oposición de derechas, exigen al Gobierno que intervenga en problemas estrictamente privados, con dinero público. Y lo más incoherente, es que sea la derecha, que siempre ha visto con recelo cualquier intervención del Estado en la libre circulación comercial e industrial, la que ataque duramente al Gobierno por no resolver un problema que ha provocado una empresa privada. Y, ciertamente, un Estado debe proteger a sus ciudadanos incluso fuera de sus fronteras, pero siempre con las limitaciones que imponen las circunstancias tal como describo en el artículo de referencia. Lo que no tiene sentido es que los principales protagonistas, el armador o dueño del buque y la Cia. de Seguros que tendrían que lidiar con el problema, no aparezcan para los medios de comunicación. Parecería que los únicos implicados en el asunto fuesen los tripulantes españoles secuestrados (la mayoría no española también estaba desaparecida para los medios) y el Gobierno (como principal culpable).

Otro caso reciente, donde tampoco está claro que el Gobierno y el dinero público deban implicarse es el de los pasajeros de Air Comet que esta compañía abandonó en el aeropuerto después de haber cobrado sus pasajes hasta el último día antes del cierre de la empresa. Me pregunto ¿porqué tendría que ser el Gobierno quien resuelva un problema creado por una empresa privada? ¿no tendría que haber una Cia. de Seguros que se haga cargo del problema? Y aquí volvemos a tener un repertorio de exigencias de resolución pública de un problema privado. En este caso, dado que el principal responsable de la Cia. aérea es, además, el presidente del sindicato patronal, CEOE, Sr. Diaz Ferrán, no es invisible para los medios como, seguramente, hubiera sido de no darse esa noticiosa coincidencia. Ahora bien, este personaje ha tenido el papo de decir que, dadas las circunstancias, él mismo no hubiera viajado en su propia compañía aérea, lo que es lo mismo que llamar tontos a los viajeros estafados, y también que los trabajadores, que hicieron una casi inexistente huelga (después de que no han cobrado sus nóminas durante más de 5 meses), tienen la culpa de lo sucedido. Algo inaudito que demuestra hasta que punto de deterioro social hemos llegado. ¿Cómo es posible que los empresarios españoles no expulsen inmediatamente a este individuo de sus filas? O quizás sea porque no le consideran tan mal ejemplo de la actividad empresarial en nuestro país.
¿No hay ninguna Ley que permita meter en la carcel a semejante esperpento empresarial?

Y, mientras tanto, las reclamaciones al Gobierno español continúan, ahora en nuestro consulado de Lima. El Gobierno debería decir claramente que el dinero público no está para resolver problemas privados, por más que afecten a miles de ciudadanos estafados. Hay que exigir que se regulen coberturas de las compañías de Seguros para cubrir estos problemas.

¡Reivindiquemos el uso debido del dinero público!: más y mejor enseñanza pública, menos dinero público para la enseñanza concertada y privada. Más recursos para formación profesional. Más recursos en becas universitarias para los estudiantes más aptos y ninguna subvención para matrículas de enseñanza universitaria de estudiantes mediocres. Sanidad pública: más médicos y personal sanitario en centros públicos y menos dinero para fármacos. Más médicos de jornada completa en centros públicos con incompatibilidad con la sanidad privada. Más y mejores escuelas infantiles públicas. Mejor y más rápida atención para personas dependientes. En resumen: un verdadero Estado de Bienestar de carácter público, es decir accesible a todo el mundo y sin despilfarro de ningún tipo.