Las llamadas sociedades de consumo están formadas por más de un 80% de consumidores que gastan más de 20 € diarios por persona. En los países no desarrollados estos consumidores no representan ni el 17% de su población que, en su mayor parte, dispone de menos de 2 € diarios. Son los pobres, que totalizan unos 2.800 millones en el planeta. En los países desarrollados también existen pobres, o no consumidores, que representan cerca del 10% de su población. Pero no todas las sociedades de consumo son iguales, las más antíguas presentan algunos atisbos de racionalidad y tratan de lograr ciertas cotas de sostenibilidad ambiental. Es el caso de las sociedades nor-europeas. Pero otras como la española, sociedades de nuevos ricos, presentan unos niveles de irracionalidad que pueden afectar irremisiblemente la consecución de un futuro sostenible y de más calidad.
Permítame el lector (si lo hubiere) que me arriesgue a una definición innovadora de este tipo de sociedad:
Una sociedad de consumo irracional es aquella en la que, si se adoptasen medidas eficaces para evitar esa irracionalidad y lograr una mayor calidad de vida compatible con una mayor sostenibilidad ambiental, se produciría una crísis económica y social de consecuencias imprevisibles.
Veamos algunos ejemplos:
Uso del automóvil: La utilización abusiva de los automóviles en ciudades, no adaptadas a este uso, está produciendo una congestión y contaminación que podría corregirse con una penalización de su uso y la mayor promoción del transporte público y de la bicicleta. También en las carreteras sería bueno sustituir transporte individual por colectivo. Las medidas incluirían fuertes aumentos del impuesto de hidrocarburos para el automóvil particular y otras penalizaciones como la limitación eficaz de la velocidad.
Las consecuencias económicas serían la caída de las ventas de coches con fuertes reducciones de plantillas y cierres de empresas ligadas al sector.
Racionalización de los medicamentos: Es sabido que, en España, el gasto público en medicamentos es del 25% del gasto sanitario público mientras que los países europeos más racionales tienen un gasto de medicamentos del 10-12% sobre el total. Unas medidas eficaces para el uso racional de medicamentos, que implica la masiva utilización de genéricos así como una prescripción más racional de los mismos, podría lograr reducir a la mitad el gasto público de medicamentos. Esta situación significaría el cierre de muchas empresas farmaceúticas y un conflicto generalizado con las farmacias, ¿alguien se atreve?
Construcción de viviendas: Uno de los factores más importantes del crecimiento de la economía española de los últimos 10 años se debe a la construcción de viviendas: en España se construyen tantas viviendas como en todo el resto de Europa junto. Sin embargo, tenemos más de 2,5 millones de viviendas vacías. Una política decidida y eficaz para lanzar al mercado de alquiler más de un millón de viviendas, que incluyese una fuerte penalización fiscal de las viviendas vacías y un apoyo decidido a los arrendadores de viviendas, supondría un brusco frenazo a la burbuja inmobiliaria con los consiguientes efectos económicos de reducción del crecimiento y aumento del desempleo en el sector de la construcción.
Libros de textos: Una de las irracionalidades más evidentes que se dan en nuestro país es la de la variedad y corta duración de los libros de texto en la enseñanza primaria y secundaria. Si una comisión de expertos educadores eligiese unos textos-tipo para implantar en la escuela pública (tanto en el ámbito estatal como el autonómico), los editase y comprase en subasta pública y les garantizase una duración de, por lo menos, 5 años, el ahorro sería considerable, pero también serían considerables los efectos negativos en las editoriales y librerías. De nuevo, ¿quien se atreve?
Así podríamos hablar de reciclados obligatorios, de medidas para favorecer la duración de equipos informáticos y electrodomésticos, de mayor utilización del suelo en parques y usos públicos, de la TV basura, la integración de los emigrantes, la reducción de la drogadicción y la marginación, etc.
Se puede decir que la situación de irracionalidad a la que hemos llegado está tan bien asentada, en nuestros usos y costumbres, que cualquier movimiento serio y decidido hacia la racionalidad y el sentido común traería, inevitablemente y a corto plazo, consecuencias que podríamos calificar de crisis económica y social grave.
¿Nos tendremos que conformar con esta situación de irracionalidad generalizada en nuestra vida? Sin embargo, hay algo muy difícil de lograr pero que podría hacerse, no solo sin traumas económicos sino con enormes beneficios, que sería una racionalización de las Administraciones Públicas basada en la coordinación entre instituciones con el objetivo de evitar trámites al ciudadano: una especie de "ventanilla única" real. Algo que siempre se ha dicho que se iba a hacer, pero nunca se ha hecho. ¿Estaremos condenados a una irracionalidad perpetua en nuestro país?
Permítame el lector (si lo hubiere) que me arriesgue a una definición innovadora de este tipo de sociedad:
Una sociedad de consumo irracional es aquella en la que, si se adoptasen medidas eficaces para evitar esa irracionalidad y lograr una mayor calidad de vida compatible con una mayor sostenibilidad ambiental, se produciría una crísis económica y social de consecuencias imprevisibles.
Veamos algunos ejemplos:
Uso del automóvil: La utilización abusiva de los automóviles en ciudades, no adaptadas a este uso, está produciendo una congestión y contaminación que podría corregirse con una penalización de su uso y la mayor promoción del transporte público y de la bicicleta. También en las carreteras sería bueno sustituir transporte individual por colectivo. Las medidas incluirían fuertes aumentos del impuesto de hidrocarburos para el automóvil particular y otras penalizaciones como la limitación eficaz de la velocidad.
Las consecuencias económicas serían la caída de las ventas de coches con fuertes reducciones de plantillas y cierres de empresas ligadas al sector.
Racionalización de los medicamentos: Es sabido que, en España, el gasto público en medicamentos es del 25% del gasto sanitario público mientras que los países europeos más racionales tienen un gasto de medicamentos del 10-12% sobre el total. Unas medidas eficaces para el uso racional de medicamentos, que implica la masiva utilización de genéricos así como una prescripción más racional de los mismos, podría lograr reducir a la mitad el gasto público de medicamentos. Esta situación significaría el cierre de muchas empresas farmaceúticas y un conflicto generalizado con las farmacias, ¿alguien se atreve?
Construcción de viviendas: Uno de los factores más importantes del crecimiento de la economía española de los últimos 10 años se debe a la construcción de viviendas: en España se construyen tantas viviendas como en todo el resto de Europa junto. Sin embargo, tenemos más de 2,5 millones de viviendas vacías. Una política decidida y eficaz para lanzar al mercado de alquiler más de un millón de viviendas, que incluyese una fuerte penalización fiscal de las viviendas vacías y un apoyo decidido a los arrendadores de viviendas, supondría un brusco frenazo a la burbuja inmobiliaria con los consiguientes efectos económicos de reducción del crecimiento y aumento del desempleo en el sector de la construcción.
Libros de textos: Una de las irracionalidades más evidentes que se dan en nuestro país es la de la variedad y corta duración de los libros de texto en la enseñanza primaria y secundaria. Si una comisión de expertos educadores eligiese unos textos-tipo para implantar en la escuela pública (tanto en el ámbito estatal como el autonómico), los editase y comprase en subasta pública y les garantizase una duración de, por lo menos, 5 años, el ahorro sería considerable, pero también serían considerables los efectos negativos en las editoriales y librerías. De nuevo, ¿quien se atreve?
Así podríamos hablar de reciclados obligatorios, de medidas para favorecer la duración de equipos informáticos y electrodomésticos, de mayor utilización del suelo en parques y usos públicos, de la TV basura, la integración de los emigrantes, la reducción de la drogadicción y la marginación, etc.
Se puede decir que la situación de irracionalidad a la que hemos llegado está tan bien asentada, en nuestros usos y costumbres, que cualquier movimiento serio y decidido hacia la racionalidad y el sentido común traería, inevitablemente y a corto plazo, consecuencias que podríamos calificar de crisis económica y social grave.
¿Nos tendremos que conformar con esta situación de irracionalidad generalizada en nuestra vida? Sin embargo, hay algo muy difícil de lograr pero que podría hacerse, no solo sin traumas económicos sino con enormes beneficios, que sería una racionalización de las Administraciones Públicas basada en la coordinación entre instituciones con el objetivo de evitar trámites al ciudadano: una especie de "ventanilla única" real. Algo que siempre se ha dicho que se iba a hacer, pero nunca se ha hecho. ¿Estaremos condenados a una irracionalidad perpetua en nuestro país?
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