En mi opinión, la corrupción -especialmente la de las entidades públicas- genera un daño considerable a los países y, en particular, a la necesaria confianza de la gente común, y los empresarios, en las autoridades elegidas democráticamente y en el correcto funcionamiento de las instituciones.
No todo el mundo opina lo mismo. Hay una corriente liberal que ve la causa de la corrupción en la intervención del Estado y el exceso de regulaciones que obstaculizan el progreso económico y, en este caso, considera que la corrupción forma parte del mercado y contribuye a "engrasar" las anquilosadas instituciones que impiden el funcionamiento libre del mercado. En este sentido, es muy reveladora una cita de Samuel Hungtinton, que dice algo así:
En términos económicos, lo único peor que una sociedad con una burocracia rígida, centralizada y deshonesta, es otra sociedad con una burocracia rígida, centralizada y honesta.
En este mismo sentido, recuerdo que, durante el franquismo, un empresario se quejaba de la honestidad de un nuevo ministro que estaba retrasando o bloqueando determinadas concesiones que, con otro ministro anterior, se conseguían sin más que pagar algunas comisiones. Algo parecido hemos visto, recientemente, en el caso de la "operación Guateque" donde, en el Ayuntamiento de Madrid, se conseguía licencias de apertura, mediante pagos a funcionarios, en un tiempo de pocas semanas que se podían convertir en años si el peticionario no pagaba. Y, seguramente, resultaba más económico pagar que esperar años a poder abrir el negocio.
En el caso Coslada, las extorsiones y amenazas de la policía local se parecen más a las que pudieran ejercer una mafia criminal que a las de los casos de corrupción que hemos citado anteriormente o a las que se han venido desarrollando, de forma masiva, en el ámbito urbanístico de la costa levantina y andaluza que han dado ya lugar a actuaciones policiales y judiciales con el caso de Marbella, donde alcaldes y concejales han dado con sus huesos en la cárcel, junto al principal gestor urbanístico de la Corporación, Juan Antonio Roca, y demás implicados en la Operación Malaya. Si bien, en este caso, se pueden encontrar también caracteristicas mafiosas, en el Sr. Roca, por el entramado de relaciones de "amistad" o complicidad con toda clase de personajes con poder e influencias en la zona (autoridades municipales, arquitectos, constructores, abogados, notarios, policías, funcionarios judiciales, etc.), influencias que perviven a las diferentes corporaciones políticas, aunque en este caso no aparecen las amenazas físicas típicas de la mafia.
En este punto, nos preguntamos: ¿cómo está nuestra situación en relación a otros países? ¿cuales son las verdaderas causas de la corrupción? ¿qué habría que hacer para eliminar o reducir esta lacra en nuestro país?
Para la primera pregunta, me remito a Transparency International que realiza estudios exhaustivos en casi todos los países del mundo, elaborando informes muy completos y un índice de percepción de la corrupción (CPI), en los diferentes países, estableciendo un ranking con notas de 10 (inexistencia de corrupción) a 1 (altísima corrupción). El primer puesto es para Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con nota de 9,4 seguidos de Singapur, Suecia, Islandia, Holanda y Suiza con notas de 9 ó más y, después Canadá y casi todos los países europeos más EE.UU y Chile (7 de nota). España ocupa el puesto 25 con una nota de 6,7 por encima de Portugal, Italia y Grecia. Entre los más corruptos están casi todos los países subdesarrollados (Somalia, Myanmar, Iraq, Haití, Sudán...) pero tambien alguna potencia, como es Rusia, que ocupa el puesto 143 con una nota de 2,3.
Así pues, se podría pensar que la pobreza es una de las causas de la corrupción, junto con gobiernos autoritarios o no democráticos. Es lógico pensar que si los jueces y policías están muy mal pagados estén más inclinados a obtener ganancias extras aprovechando su poder de decisión en temas de poca envergadura, mientras que las principales autoridades lo harán en gran escala. Y todo ello, aprovechando leyes normativas que intervienen en las operaciones económicas. Ahora bien, en los países europeos hay todavía una mayor complejidad normativa y regulatoria debido a la necesidad de proteger el medio ambiente, la seguridad y salud de los ciudadanos y los trabajadores, la racionalidad del urbanismo y el control de las relaciones laborales, así como la necesaria fiscalidad. Sin embargo, el nivel de honestidad de las Administraciones públicas de estos países, especialmente los nórdicos, es muy alta. Y la razón fundamental es que toda esa normativa y las operaciones económicas consiguientes están sometidas a una gran transparencia informativa por parte de los Gobiernos centrales, regionales y municipales. Donde hay transparencia, es más difícil que se tomen decisiones arbitrarias. Hoy, una utilización inteligente de las potencialidades de difusión de Internet, podría servir para dar un salto espectacular en la transparencia informativa.
Así pués, si queremos reducir la corrupción administrativa, reclamemos la mayor transparencia informativa, para cada asunto que tengamos entre manos:
!transparencia, transparencia y transparencia!
Después de escribir todo lo anterior, veo en TV5 una tertulia en la que se comentan la manipulación de la información sobre las excesivas colas de espera de la Sanidad pública, para especialistas y operaciones quirúrgicas, de algunas Comunidades. Esto no se puede tildar de corrupción, estrictu sensu, pero si de corruptela por información inadecuada, ya que puede ser una fuente de favoritismos por ausencia de transparencia. Personalmente, tengo la experiencia de una operación de próstata, el año pasado, para la cual carecí, durante meses, de una información aproximada de fecha de operación. Cuando preguntaba me decían que me dirían la fecha exacta unos días antes de operarme. O sea, que no podía planificar un viaje o cualquier evento por falta de información; así que escribí al Director del Hospital (con copia a la Delegada de Salud de Málaga) proponiendo un sistema sencillo para que se puedan calcular fechas aproximadas. El sistema es muy parecido al que es usual en las colas de correos, bancos, Renfe o supermercados: al decidir cada proceso de tratamiento (p.ej: una operación quirúrgica) se daría un número de orden a cada paciente y se publicarían los números que, cada día, fuesen cumplimentados. Cada usuario podría consultar, por telefono o Internet, los números cumplimentados y evaluar el ritmo en que se despachan, con lo que podrían calcular si les va a tocar esperar unos pocos días, semanas o varios meses. Naturalmente, las urgencias por riesgo de muertes tendrían un tratamiento especial que debería también ser publicado. Una comisión inspectora certificaría la correcta aplicación del sistema e investigaría las reclamaciones. Este sistema, por sí mismo, no acortaría las colas de espera, que dependen de los recursos sanitarios disponibles, pero sí permitiría una información útil y transparente.
Por supuesto, nadie hizo ningún caso a mi propuesta pero, casualmente, a los pocos días de escribir la carta, recibí la noticia de que mi operación estaba programada para dos días más tarde. Casualmente.
No todo el mundo opina lo mismo. Hay una corriente liberal que ve la causa de la corrupción en la intervención del Estado y el exceso de regulaciones que obstaculizan el progreso económico y, en este caso, considera que la corrupción forma parte del mercado y contribuye a "engrasar" las anquilosadas instituciones que impiden el funcionamiento libre del mercado. En este sentido, es muy reveladora una cita de Samuel Hungtinton, que dice algo así:
En términos económicos, lo único peor que una sociedad con una burocracia rígida, centralizada y deshonesta, es otra sociedad con una burocracia rígida, centralizada y honesta.
En este mismo sentido, recuerdo que, durante el franquismo, un empresario se quejaba de la honestidad de un nuevo ministro que estaba retrasando o bloqueando determinadas concesiones que, con otro ministro anterior, se conseguían sin más que pagar algunas comisiones. Algo parecido hemos visto, recientemente, en el caso de la "operación Guateque" donde, en el Ayuntamiento de Madrid, se conseguía licencias de apertura, mediante pagos a funcionarios, en un tiempo de pocas semanas que se podían convertir en años si el peticionario no pagaba. Y, seguramente, resultaba más económico pagar que esperar años a poder abrir el negocio.
En el caso Coslada, las extorsiones y amenazas de la policía local se parecen más a las que pudieran ejercer una mafia criminal que a las de los casos de corrupción que hemos citado anteriormente o a las que se han venido desarrollando, de forma masiva, en el ámbito urbanístico de la costa levantina y andaluza que han dado ya lugar a actuaciones policiales y judiciales con el caso de Marbella, donde alcaldes y concejales han dado con sus huesos en la cárcel, junto al principal gestor urbanístico de la Corporación, Juan Antonio Roca, y demás implicados en la Operación Malaya. Si bien, en este caso, se pueden encontrar también caracteristicas mafiosas, en el Sr. Roca, por el entramado de relaciones de "amistad" o complicidad con toda clase de personajes con poder e influencias en la zona (autoridades municipales, arquitectos, constructores, abogados, notarios, policías, funcionarios judiciales, etc.), influencias que perviven a las diferentes corporaciones políticas, aunque en este caso no aparecen las amenazas físicas típicas de la mafia.
En este punto, nos preguntamos: ¿cómo está nuestra situación en relación a otros países? ¿cuales son las verdaderas causas de la corrupción? ¿qué habría que hacer para eliminar o reducir esta lacra en nuestro país?
Para la primera pregunta, me remito a Transparency International que realiza estudios exhaustivos en casi todos los países del mundo, elaborando informes muy completos y un índice de percepción de la corrupción (CPI), en los diferentes países, estableciendo un ranking con notas de 10 (inexistencia de corrupción) a 1 (altísima corrupción). El primer puesto es para Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con nota de 9,4 seguidos de Singapur, Suecia, Islandia, Holanda y Suiza con notas de 9 ó más y, después Canadá y casi todos los países europeos más EE.UU y Chile (7 de nota). España ocupa el puesto 25 con una nota de 6,7 por encima de Portugal, Italia y Grecia. Entre los más corruptos están casi todos los países subdesarrollados (Somalia, Myanmar, Iraq, Haití, Sudán...) pero tambien alguna potencia, como es Rusia, que ocupa el puesto 143 con una nota de 2,3.
Así pues, se podría pensar que la pobreza es una de las causas de la corrupción, junto con gobiernos autoritarios o no democráticos. Es lógico pensar que si los jueces y policías están muy mal pagados estén más inclinados a obtener ganancias extras aprovechando su poder de decisión en temas de poca envergadura, mientras que las principales autoridades lo harán en gran escala. Y todo ello, aprovechando leyes normativas que intervienen en las operaciones económicas. Ahora bien, en los países europeos hay todavía una mayor complejidad normativa y regulatoria debido a la necesidad de proteger el medio ambiente, la seguridad y salud de los ciudadanos y los trabajadores, la racionalidad del urbanismo y el control de las relaciones laborales, así como la necesaria fiscalidad. Sin embargo, el nivel de honestidad de las Administraciones públicas de estos países, especialmente los nórdicos, es muy alta. Y la razón fundamental es que toda esa normativa y las operaciones económicas consiguientes están sometidas a una gran transparencia informativa por parte de los Gobiernos centrales, regionales y municipales. Donde hay transparencia, es más difícil que se tomen decisiones arbitrarias. Hoy, una utilización inteligente de las potencialidades de difusión de Internet, podría servir para dar un salto espectacular en la transparencia informativa.
Así pués, si queremos reducir la corrupción administrativa, reclamemos la mayor transparencia informativa, para cada asunto que tengamos entre manos:
!transparencia, transparencia y transparencia!
Después de escribir todo lo anterior, veo en TV5 una tertulia en la que se comentan la manipulación de la información sobre las excesivas colas de espera de la Sanidad pública, para especialistas y operaciones quirúrgicas, de algunas Comunidades. Esto no se puede tildar de corrupción, estrictu sensu, pero si de corruptela por información inadecuada, ya que puede ser una fuente de favoritismos por ausencia de transparencia. Personalmente, tengo la experiencia de una operación de próstata, el año pasado, para la cual carecí, durante meses, de una información aproximada de fecha de operación. Cuando preguntaba me decían que me dirían la fecha exacta unos días antes de operarme. O sea, que no podía planificar un viaje o cualquier evento por falta de información; así que escribí al Director del Hospital (con copia a la Delegada de Salud de Málaga) proponiendo un sistema sencillo para que se puedan calcular fechas aproximadas. El sistema es muy parecido al que es usual en las colas de correos, bancos, Renfe o supermercados: al decidir cada proceso de tratamiento (p.ej: una operación quirúrgica) se daría un número de orden a cada paciente y se publicarían los números que, cada día, fuesen cumplimentados. Cada usuario podría consultar, por telefono o Internet, los números cumplimentados y evaluar el ritmo en que se despachan, con lo que podrían calcular si les va a tocar esperar unos pocos días, semanas o varios meses. Naturalmente, las urgencias por riesgo de muertes tendrían un tratamiento especial que debería también ser publicado. Una comisión inspectora certificaría la correcta aplicación del sistema e investigaría las reclamaciones. Este sistema, por sí mismo, no acortaría las colas de espera, que dependen de los recursos sanitarios disponibles, pero sí permitiría una información útil y transparente.
Por supuesto, nadie hizo ningún caso a mi propuesta pero, casualmente, a los pocos días de escribir la carta, recibí la noticia de que mi operación estaba programada para dos días más tarde. Casualmente.
