Desde que estalló la crisis financiera global, los gobiernos de los países más desarrollados y los economistas más conocidos han ofrecido toda clase de explicaciones acompañadas de medidas destinadas a evitar una catástrofe financiera global.
La mayor parte de las medidas adoptadas consisten en poner en manos de bancos y entidades financieras enormes sumas de dinero público, bien comprando activos de esas entidades, bien nacionalizándolas parcialmente o bien avalando algunas de sus operaciones. Al mismo tiempo, las recetas fiscales de casi todos los economistas neo-liberales (los mismos que han contribuido a crear los problemas que, ahora, se pretenden arreglar fuera del mercado) siguen centradas, machaconamente, en la reducción el gasto público (salvo el que se deriva del apoyo a la banca) y, especialmente, en la reducción del gasto social.
Pero no todos los economistas opinan lo mismo. Los partidarios de las políticas socialdemócratas, como es el caso de Vicenç Navarro, consideran que una de las causas de la crisis (además del estallido de las burbujas de productos financieros especulativos) ha sido, precisamente, la reducción del gasto público y de los impuestos a los más ricos. En su reciente artículo "Propuestas para la crisis...", Navarro se apoya en las soluciones dadas al crack de 1929, por el New Deal de Roosvelt, para reivindicar la aplicación de dinero público al crecimiento de la demanda de bienes de consumo y, muy especialmente, al incremento del gasto en servicios públicos como sanidad, educación y dependencia, servicios muy intensivos en mano de obra cualificada y no cualificada. Este tipo de gasto social ha demostrado ser muy exitoso en crisis pasadas en el caso de Suecia, donde centenares de miles de mujeres pasaron de las tareas del hogar a engrosar la población activa.
Para proponer este tipo de soluciones, V. Navarro recuerda que España tiene un PIB per cápita del 92% del promedio de la UE-15 mientras que su gasto público es solo del 72% y su gasto social del 68%. Es decir que España tiene un gasto social muy por debajo del que le correspondería para su nivel económico. En términos de personal dedicado a servicios públicos del Estado de bienestar, o sea en sanidad, educación, escuelas infantiles y servicios domiciliarios a dependientes, las diferencias con Europa son todavía mayores: España solo tiene un 9% de la población activa dedicada a estos servicios frente al 15% del promedio UE-15 o el 25% de Suecia.
El artículo de V. Navarro señala que el largo periodo de bienestar que se dió, en los países más desarrollados, en el periodo de 1950 a 1980, fue posible por un pacto entre el mundo empresarial y los sindicatos que fue roto, en los años 80, por las políticas de Reagan en EE.UU y de la Sra. Tatcher en Gran Bretaña. Sin duda, la caída del campo socialista también fue decisiva para la implantación de este tipo de políticas regresivas. Las consecuencias de estas políticas, en el mundo desarrollado, fueron una reducción paulatina de las rentas de las clases trabajadoras frente a las del capital y a las de los principales ejecutivos de las empresas, la reducción de los impuestos a los más ricos (el tipo máximo de los países de la OCDE bajó del 67% en 1980 al 43% en 2000) y, consiguientemente, un aumento notable de las desigualdades salariales. El gráfico, que se presenta más abajo, es suficientemente expresivo de esta situación: desde 1950 a 1980, el salario medio del 50% más alto de los ejecutivos fue entre 25 y 35 veces el salario medio de los trabajadores mientras que, a partir de 1980, fue subiendo hasta más de 100 veces en 2.000. En el caso del 10% más alto de los ejecutivos, los salarios pasaron de menos de 60 veces, de 1950 a 1980, hasta un pico de 700 veces en 2.000, para bajar después hasta unas 350 veces. Es esperable que la crisis actual haga bajar más estas enormes diferencias.
La mayor parte de las medidas adoptadas consisten en poner en manos de bancos y entidades financieras enormes sumas de dinero público, bien comprando activos de esas entidades, bien nacionalizándolas parcialmente o bien avalando algunas de sus operaciones. Al mismo tiempo, las recetas fiscales de casi todos los economistas neo-liberales (los mismos que han contribuido a crear los problemas que, ahora, se pretenden arreglar fuera del mercado) siguen centradas, machaconamente, en la reducción el gasto público (salvo el que se deriva del apoyo a la banca) y, especialmente, en la reducción del gasto social.
Pero no todos los economistas opinan lo mismo. Los partidarios de las políticas socialdemócratas, como es el caso de Vicenç Navarro, consideran que una de las causas de la crisis (además del estallido de las burbujas de productos financieros especulativos) ha sido, precisamente, la reducción del gasto público y de los impuestos a los más ricos. En su reciente artículo "Propuestas para la crisis...", Navarro se apoya en las soluciones dadas al crack de 1929, por el New Deal de Roosvelt, para reivindicar la aplicación de dinero público al crecimiento de la demanda de bienes de consumo y, muy especialmente, al incremento del gasto en servicios públicos como sanidad, educación y dependencia, servicios muy intensivos en mano de obra cualificada y no cualificada. Este tipo de gasto social ha demostrado ser muy exitoso en crisis pasadas en el caso de Suecia, donde centenares de miles de mujeres pasaron de las tareas del hogar a engrosar la población activa.
Para proponer este tipo de soluciones, V. Navarro recuerda que España tiene un PIB per cápita del 92% del promedio de la UE-15 mientras que su gasto público es solo del 72% y su gasto social del 68%. Es decir que España tiene un gasto social muy por debajo del que le correspondería para su nivel económico. En términos de personal dedicado a servicios públicos del Estado de bienestar, o sea en sanidad, educación, escuelas infantiles y servicios domiciliarios a dependientes, las diferencias con Europa son todavía mayores: España solo tiene un 9% de la población activa dedicada a estos servicios frente al 15% del promedio UE-15 o el 25% de Suecia.
El artículo de V. Navarro señala que el largo periodo de bienestar que se dió, en los países más desarrollados, en el periodo de 1950 a 1980, fue posible por un pacto entre el mundo empresarial y los sindicatos que fue roto, en los años 80, por las políticas de Reagan en EE.UU y de la Sra. Tatcher en Gran Bretaña. Sin duda, la caída del campo socialista también fue decisiva para la implantación de este tipo de políticas regresivas. Las consecuencias de estas políticas, en el mundo desarrollado, fueron una reducción paulatina de las rentas de las clases trabajadoras frente a las del capital y a las de los principales ejecutivos de las empresas, la reducción de los impuestos a los más ricos (el tipo máximo de los países de la OCDE bajó del 67% en 1980 al 43% en 2000) y, consiguientemente, un aumento notable de las desigualdades salariales. El gráfico, que se presenta más abajo, es suficientemente expresivo de esta situación: desde 1950 a 1980, el salario medio del 50% más alto de los ejecutivos fue entre 25 y 35 veces el salario medio de los trabajadores mientras que, a partir de 1980, fue subiendo hasta más de 100 veces en 2.000. En el caso del 10% más alto de los ejecutivos, los salarios pasaron de menos de 60 veces, de 1950 a 1980, hasta un pico de 700 veces en 2.000, para bajar después hasta unas 350 veces. Es esperable que la crisis actual haga bajar más estas enormes diferencias.
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